¿Prevarican Pumpido y sus secuaces?

Una de las señas de identidad del actual Gobierno es la colonización de todas las instituciones del Estado para ponerlas incondicionalmente a su servicio. Entre las más llamativas, destaca la estratégica colocación al frente del Tribunal Constitucional -órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías previstas en nuestra Constitución- de un soldado del PSOE como el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Pumpido -notable jurista, pero más destacado militante (fue fiscal general con Zapatero)- intenta transformar el Tribunal Constitucional en una segunda Sala de casación para revisar Autos o Sentencias del Tribunal Supremo que contraríen las políticas del Gobierno o molesten al presidente o a su investigado entorno personal.

Sirviéndose como pretexto del amparo de derechos fundamentales, algo que sí es competencia del Tribunal Constitucional, Cándido (chocante nombre para las habilidades del personaje) y sus seis magistrados afines utilizan la institución que controlan -órgano político que no forma parte del poder judicial- como un nuevo Tribunal Supersupremo o última instancia de apelación, revisando pruebas y actuando como un verdadero órgano jurisdiccional. Así, han revocado la condena de los ERE de Andalucía y pretenden reformar la de la amnistía, restituir los nombramientos ilegales efectuados por los esbirros del sanchismo o exonerar de posibles condenas judiciales a la mujer y el hermano de Sánchez, a su lugarteniente Ábalos o a su fiscal general García Ortiz.

Pero algo puede agrietarse en la maquiavélica estrategia de Pumpido, que sigue amasando Sentencias con una inalterable mayoría de 7 votos (los jueces “progresistas”, nombrados por el sanchismo) contra 5 (los jueces llamados “conservadores”). Por un lado, el propio Tribunal Supremo ha abierto una puerta a poder investigar en el futuro al Tribunal Constitucional por un posible delito de prevaricación. Tras rechazar una querella presentada por Vox y Hazte Oír por el indulto encubierto de los ERE, un Auto del Magistrado Andrés Palomo ha establecido que “la dinámica de funcionamiento del Tribunal Constitucional no resulta ajena al control jurisdiccional por parte del poder judicial”, y que “el Tribunal Constitucional no tiene carta blanca para resolver sin atenerse a las cuestiones jurídicamente”. En definitiva, reconoce que sus resoluciones pueden ser controladas por otros Tribunales: los europeos (TJUE, TEDH), o el Supremo si comenten delitos.

Cabe recordar que el delito de prevaricación judicial consiste, según el artículo 446 del Código penal, en “dictar una resolución manifiestamente injusta”. Y que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la infracción consciente de las reglas que establecen la competencia judicial para producir un resultado injusto constituye prevaricación judicial.

Actualmente, el Constitucional está revisando la política de nombramientos en la carrera fiscal llevada a cabo por Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, ya que varios ascensos promovidos por éstos fueron anulados por el Tribunal Supremo a instancia de fiscales que resultaron perjudicados. En uno de los recursos estudiados, los cinco magistrados del llamado bloque “conservador”, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, critican su admisión a trámite pues “no se está discutiendo sobre facetas constitucionales de derechos fundamentales, sino sobre cuestiones probatorias y de legalidad ordinaria que no competen al Tribunal Constitucional sino a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al artículo 117.3 de la Constitución”.

Como ven, el Gobierno está librando una guerra total por el control autocrático de las instituciones del Estado. La del Tribunal Constitucional es su batalla más importante, pues constituye la gatera por la que pueden escapar libres -gracias a la temeridad de Pumpido y sus secuaces- todos los delincuentes del sanchismo. Un medio para impedirlo sería una condena penal por ampliar extralegalmente, con fines espurios, las competencias del Tribunal.