El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino ha ordenado el precinto de todos los restaurantes implicados en la trama de explotación laboral de Palma. Tras la orden del magistrado, se ha procedido a la clausura de todos los locales. Esta medida llega desupués de que seis de los empresarios detenidos en el marco de la investigación fuerna internados en prisión sin fianza.
Se trata de una operación contra las mafias laborales que presuntamente se dedicaban a explotar a los trabajadores, a defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, además de incumplir de manera reiterada y sumamente peligrosa la normativa de sanidad alimentaria.
Según informaron fuentes policiales, la trama estaba tan bien engrasada y organizada que los delincuentes han sido acusados también de asociación criminal.
Así, destacaron que se ha llegado a determinar por efectivos del grupo de investigación que alguno de los empresarios habría amenazado y empleado la violencia con uno de los trabajadores que reivindicó sus derechos laborales, en al menos una ocasión.
Según los primeros cálculos estimativos realizados por los investigadores de la U.C.R.I.F., la cantidad defraudada a la Tesorería de la Seguridad Social podría ascender a más de un millón de euros en cuotas impagadas. Asimismo, se habrían intervenido más de 500.000 euros en metálico a los empresarios producto del impago a trabajadores y proveedores.
La operación continua abierta y no se descartan nuevas detenciones de sujetos vinculados con estas prácticas delictivas.
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