Policías declaran que incautaron a 'los Pelúos' materiales para okupar pisos

Para los 23 acusados, la Fiscalía pide penas que suman hasta 104 años y medio de prisión y multas que ascienden a los 190.000 euros, por los delitos de organización criminal, usurpación de la vivienda, coacciones, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico y del agua.

En sus declaraciones, los testigos han detallado que dichos objetos sospechosos e intervenidos se refieren a dinero, cerraduras, materiales de reforma, llaves, cableados, panfletos en los que se anunciaban alquileres, así como hachas o efectos relacionados con la fontanería y la electricidad, entre otros.

En total, se registraron 15 domicilios, aunque no se descarta que pudiera haber más. De acuerdo al escrito de la Fiscalía, la mayoría de los acusados desarrollaban la actividad ilegal en el barrio de Son Gotleu, aunque también en la Soledad, Cala Major, Polígono de Levante y el Arenal de Palma.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2014, cuando los acusados, presuntamente, se dedicaban a localizar viviendas desocupadas, la mayoría propiedad de entidades bancarias, para después acondicionarlas y alquilarlas ilegalmente.

Al parecer, se aprovechaban de personas vulnerables, como migrantes, menores o con pocos recursos económicos, que desconocían la titularidad real de las viviendas.

Cuando había problemas con los cobros o se ponía en duda la propiedad de los pisos, el fiscal asegura que llegaban a inducirles amenazas, un hecho que otros testigos ratificaron durante sus declaraciones este jueves.

Además, en los contratos falsos que ofrecían, se incluía también el precio del agua y la luz, que supuestamente adquirían mediante enganches ilegales.

Por todo ello, la Fiscalía pide para los 23 acusados penas de hasta 104 años de prisión, así como multas por valor de 190.000 euros y la prohibición de aproximarse --menos a uno de ellos-- durante un periodo de cinco años al barrio de Son Gotleu.