La Policía está para perseguir delitos, no para gestionar la salud pública

La gestión sanitaria de los migrantes llegados en patera a Mallorca está desnudando la absoluta falta de previsión y coordinación del Govern balear y el Gobierno central al respecto.

Hace unos días se conocía que un grupo de argelinos estaba durmiendo en el suelo del garaje de la Jefatura de la Policía Nacional de Palma debido a la falta de instalaciones en las que esperar los resultados de la prueba Covid y, en caso de ser positivos o contacto estrecho, ser trasladados al correspondiente espacio para realizar una cuarentena o un aislamiento en función del protocolo.

Huérfanos de soluciones por parte de la administración sanitaria y política, la Policía se vio obligada a asumir esta labor de separación y retención de los migrantes. Un hecho especialmente llamativo después del enorme esfuerzo -¿quizás por la presión mediática nacional?- realizado por parte del Govern de Armengol en el caso del macrobrote entre estudiantes de fin de curso en Mallorca y los viajes a Menorca en pleno Sant Joan. Tanta celeridad con unos, tanta lentitud con otros.

Los sindicatos policiales han puesto el grito en el cielo porque aseguran que esta situación representa un grave riesgo para la salud tanto de agentes como de los propios inmigrantes. De hecho, la atención de esta eventualidad obliga a reorganizar medios humanos y turnos y complica la respuesta policial: si están en una cosa, no pueden estar en otra. Por ello, llegados a este punto, convendría recordar que el Cuerpo Nacional de Policía -así como la Guardia Civil- no está para gestionar los protocolos sanitarios de inmigrantes sino, única y exclusivamente, para encargarse de su detención y tramitar su devolución, además de perseguir el crimen en las islas. Ese es su ADN y su misión.

No obstante, en estos momentos la frontera con Argelia está cerrada lo que implica que todas estas personas quedan en manos de ONGs y, como personas libres, pueden decidir dónde y cómo ir, ya sea en España o en otros puntos de Europa, principalmente Francia o Bélgica. Nada que objetar si no fuese porque muchas de estas personas, como se ha visto recientemente, lo hacen siendo contactos estrechos y por tanto, pueden ir contagiando de coronavirus a otros ciudadanos.

Nadie podrá decir que el asunto de las pateras era imprevisible ya que en los últimos años la llegada de inmigración ilegal vía marítima en Baleares ha pasado de ser anecdótica a un fenómeno constante, incluso en tiempos de pandemia. No se entiende, pues, que las administraciones competentes -ministerio del Interior, Delegación del Gobierno y Govern, todas ellas en manos del PSOE- no hayan hecho los deberes en lo referente a instalaciones y medios humanos para atender esta realidad, máxime cuando no está en sus manos cortar el grifo de llegadas. Es un hecho que mientras se den las condiciones meteorológicas, las mafias seguirán haciendo negocio con estas personas y Baleares deberá asumirlas.

Por ello urge actuar con la máxima celeridad y coordinación para que cada eslabón de la cadena tenga claras sus funciones y disponga de los medios necesarios para afrontarlas. El Govern que se esmere en la parte sanitaria, Delegación de Gobierno que pelee en Madrid todo lo que tenga que pelear para conseguir medios y el Gobierno de Pedro Sánchez que afronte con valentía -como pide la vicepresidenta Díaz para los indultos y la subida del salario mínimo- el fenómeno de la inmigración irregular.

Y aunque este no sea el asunto nuclear, cabría preguntarse qué habría sucedido si en vez de un gobierno de izquierdas (el PSOE y Podemos mandan en Madrid y en Baleares) este episodio lo hubiese protagonizado un Ejecutivo de derechas. Las manifestaciones a las puertas de la Jefatura, con toda seguridad, llenarían hoy portadas y abrirían informativos por el mal trato dado a los inmigrantes.