Un policía declara que 'Los Pelúos' vivían de okupar pisos y alquilarlos a personas vulnerables

En su declaración, el policía ha explicado que la investigación se inició a raíz de las advertencias de algunos vecinos de la zona, que avisaron de que varios de los acusados se dedicaban a usurpar viviendas y alquilarlas ilegalmente.

Principalmente actuaban en la zona de Son Gotleu, aunque también en la Soledad, Polígono de Levante, Cala Major o el Arenal de Palma, de acuerdo al escrito del fiscal.

Asimismo, el policía ha señalado que algunos detenidos por ocupación reconocieron a varios miembros del clan como las personas que, de manera irregular, les habían alquilado el piso.

También declararon que les proporcionaron contratos falsos y que llegaron a recibir amenazas si había problemas a la hora de cobrar el alquiler, ha asegurado el policía.

Además, se ha reafirmado en la versión de la Fiscalía, cuyo escrito asegura que los miembros del clan se aprovechaban de personas vulnerables, con pocos recursos económicos, migrantes e incluso menores de edad, que desconocían la titularidad real de las viviendas.

De hecho, el policía ha asegurado que los miembros del clan "vivían de ocupar estas casas y usurparlas con ánimo de lucro, engañando a las personas".

También ha considerado que los hechos constituyen un delito de organización criminal, porque "había jerarquía de tareas, coordinación y pertenencia en el tiempo".

Sobre esto, el agente ha descrito las labores que cada uno desempeñaba dentro de la supuesta red criminal, como son usurpación de la vivienda, alquiler de las mismas, organización de la actividad, manipulación de las cerraduras, enganches ilegales o cobro los alquileres irregulares, entre otras.

OTROS TESTIGOS

Otros seis policías han testificado durante la cuarta sesión del juicio. Todos ellos han coincidido en que las personas que vivían en los pisos desconocían que se estaban alquilando de manera ilegal. Además, muchos de ellos tenían miedo, han asegurado, por lo que han sido catalogados como testigos protegidos.

En su declaración, uno de los agentes ha explicado que hay 15 viviendas adjuntas a la causa, es decir, casas presuntamente usurpadas por la organización criminal. Todas ellas fueron sometidas a registros y no se descarta que pueda haber más.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando los acusados se dedicaban, presuntamente, a localizar viviendas desocupadas, cambiar sus cerraduras, acondicionarlas y alquilarlas de manera ilegal.

Al parecer, en los contratos falsos incluían también el precio del agua y la electricidad, que adquirían irregularmente mediante enganches ilegales.

En los registros llevados a cabo por la Policía, el fiscal asegura que se intervinieron varias armas, como katanas, pistolas, cadenas o cuchillos, así como un total de diez vehículos y otros objetos sospechosos.

Por los delitos de organización criminal, tenencia ilícita de armas, usurpación de viviendas, coacciones y defraudación del fluido eléctrico y del agua, la Fiscalía pide para ellos más de 104 años de prisión y multas que ascienden a más de 190.000 euros.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha solicitado para todos ellos, menos para uno, la prohibición de aproximarse a Son Gotleu por un periodo de cinco años.