Según han apuntado en el comunicado, esta supuesta estratégica "contraviene la legislación estatal que impide la extensión de la inmersión de forma obligatoria", así como de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a que el castellano sea lengua vehicular en, al menos, el 25 por ciento del horario lectivo.
La asociación de profesores cree que este hecho supone una "realidad", teniendo en cuenta que llevaban dos meses detrás de estas "sospecha".
Asimismo, han expresado que "no hay gobierno que pueda infringir la ley, ni el autonómico ni el estatal". Ante esto, PLIS ha exigido a March que "dé marcha atrás y renuncie a blindar la inmersión por medio de una ley" a falta de escasos meses para las elecciones autonómicas.
Sin embargo, la asociación ha demostrado su interés por "batallar" para que el Govern reconozca que hay dos lenguas oficiales, y que ambas "deben ser vehiculares".