Proteger las pymes, la mejor política social

Las pequeñas y medianas empresas han levantado la voz ante los largos plazos que acumulan hasta que consiguen cobrar sus servicios o productos. La morosidad que sufren las pymes triplica el periodo legalmente establecido por lo que, de cara al nuevo gobierno surgido de las próximas elecciones, han exigido que se considere una prioridad la lucha contra la morosidad de las grandes empresas.

En este sentido, el presidente de Pimem de Baleares, Jordi Mora, afirma que "la pasividad con la que actúan los grupos políticos ante esta vulneración e incumplimiento reiterado de la ley, nos parece vergonzosa” y reclama un régimen sancionador con el que poder multar a los morosos.

No son solo los plazos lo que preocupa a los pequeños y medianos empresarios, sino también el volumen de los servicios por cobrar. Los balances de la CNMV señalan que la morosidad de las compañías del IBEX alcanza los 60.409 millones de euros.

Esta situación estrangula a miles de pequeños empresarios y autónomos, con reducidos recursos para acudir a una financiación accesible ni músculo económico para aguantar largos periodos sin sobresaltos en sus tesorerías.

El cumplimiento de la ley debería ser la regla de aplicación general, por muy obvio que resulte. En todo caso, cabría la posibilidad de establecer mecanismos que protejan la supervivencia de un tejido empresarial que constituye un elemento capital en la economía nacional y el principal motor de la creación de empleo.

Proteger las pymes es una política social de primer orden, por delante de muchas iniciativas de reducido impacto y mucho menor recorrido que son habituales en los titulares de prensa. Asegurar la supervivencia de la pequeña empresa garantiza el sostenimiento de multitud de puestos de trabajo y el mantenimiento de una estructura económica y social básica. Una realidad que debería ser tenida más en cuenta por parte de las administraciones.