Cuando la justicia actúa de forma perversa

El tercer informe de la Policía Nacional sobre la instrucción, en este caso, de una de las causas derivadas del Caso Cursach apunta a la existencia de un buen número de conductas presuntamente delictivas cometidas por el entonces juez instructor, Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, y tres antiguos miembros del Grupo de Blanqueo. El informe, publicado por mallorcadiario.com este jueves, se centra en las investigaciones que llevaron a la detención de diversos políticos, empresarios y funcionarios en el marco del Caso ORA.

El informe policial señala las detenciones y la prisión provisional como métodos habituales para obtener pruebas y declaraciones incriminatorias. Y en concreto cita la existencia de "malas artes, manipulaciones o directamente presiones, amenazas o coacciones" de Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo con el fin de obtener de los investigados -y detenidos- "declaraciones incriminatorias y favorables a sus hipótesis". En esta estrategia, por ejemplo, se planificaban también determinadas detenciones, de forma que el final del plazo de 72 horas de retención coincidiese con el turno del juez Penalva en el Juzgado de Guardia, quien recibía al detenido notablemente afectado por tantas horas de calabozo.

Una vez más, el tono de los mensajes de 'whatsapp' entre juez, fiscal y agentes sonroja y denota el sentimiento de impunidad que parecían tener quienes formaban el grupo. Las frases despectivas, el ánimo de humillar a algunos de los encausados y la expresa indicación por parte de Penalva de actuar con extrema dureza contra alguno de los detenidos ("Ánimo y a por ellos. Duro y en la cabeza. Que les duela") demuestran una manera de investigar que puede acabar teniendo consecuencias para quienes actuaron de una forma tan poco profesional, entendiendo la justicia de una forma tan perversa. Un ejemplo de cómo no se debe realizar una investigación.

La persecución de delitos con total imparcialidad es la principal tarea exigible a jueces, fiscales y policías. Ellos son los garantes del cumplimiento de la legalidad, por lo que es doblemente grave que estos funcionarios públicos recurran a prácticas que atentan contra los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico a fin de apuntalar sus investigaciones o reforzar sus pruebas. El peso de la ley debe ser implacable en estos casos. El mal producido no afecta solamente a la imagen de la Justicia, sino que, con estas actuaciones, se corre el riesgo de anular una serie de causas en las que se han empleado muchos años y recursos públicos.