Okupas a raya en Baleares

Las escenas de viviendas asaltadas por los okupas durante el periodo de confinamiento se han evitado en Baleares. Las Islas se han mantenido indemnes del fenómeno frente a la oleada de okupaciones -sobre todo de segundas residencias- que se han podido ver en diversas localidades del país. Así lo demuestran las cifras que publicaba este jueves mallorcadiario.com sobre las denuncias presentadas en Baleares por esta causa entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, que fue el periodo de confinamiento más severo decretado por el estado de alarma.

Las fuentes policiales consultadas por este diario apuntaban a que esta buena evolución ha estado muy condicionada por la instrucción que la Fiscalía Superior de Baleares emitió al respecto hace ahora justo un año. En esa orden, el Fiscal Superior, Bartolomé Barceló, instaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata" sobre los okupas de casas habitadas y segundas residencias, desalojándolos sin necesidad de medidas judiciales. Los agentes policiales consideran esta orden como un punto de inflexión y una "herramienta determinante" en el comportamiento reciente del fenómeno okupa en las Islas.

Durante el confinamiento masivo cundió el temor a que muchas segundas residencias fueran tomadas por los okupas, toda vez que los propietarios de estas viviendas estuvieron meses sin poderlas visitar. En las Islas, finalmente, este miedo ha resultado infundado como lo demuestran las cifras de denuncias. En el citado periodo, en las demarcaciones policiales de Palma, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella se registraron 13 denuncias frente a las 15 de 2019. En todas ellas, el número de casos se ha mantenido o ha bajado, a excepción de Manacor, donde se ha pasado de una denuncia en el mismo periodo de 2019 a cuatro este año.

La orden de fiscalía ha funcionado a modo de bálsamo en los casos más flagrantes, los que afectan directamente a propietarios particulares, ya que no se aplica cuando la vivienda es propiedad de bancos, aunque en este caso suele representar, también, un problema para los vecinos de las viviendas okupadas, quienes a menudo acaban denunciando problemas de convivencia: desde ruidos y suciedad hasta conflictos graves como amenazas y coacciones a vecinos o venta de droga.

Hasta la publicación de la orden de Fiscalía, la compleja resolución judicial en los casos de viviendas asaltadas por okupas implicaba sufrir la lentitud del sistema y la consiguiente desesperación de las víctimas. Ahora, los agentes policiales pueden intervenir automáticamente en pisos y chalets de particulares que, al regresar a su vivienda -ya sea su residencia habitual o segunda residencia- la han encontrado ocupada. Incluso si han transcurrido meses desde la entrada de los delincuentes. Una práctica que, un año, después se ha demostrado tremendamente útil.