Ocio clandestino, un riesgo sanitario que la administración debe evitar

Las limitaciones impuestas a los locales de ocio nocturno en Baleares están propiciando multitud de fiestas ilegales en locales y chalets. Se trata de fiestas que buscan dar salida a la gran demanda de ocio existente, aunque adolecen de cualquier tipo de medidas de seguridad sanitaria y suponen un riesgo de posibles rebrotes de coronavirus.

Con la nueva normativa, el ocio nocturno en Baleares ha quedado notablemente restringido. Desde la entrada en vigor de la llamada "nueva normalidad" hace una semana, se autoriza la apertura de locales de ocio de menos de 300 metros cuadrados, sin opciones para bailar y con cierre obligado a las dos de la mañana. En zonas identificadas con el turismo de borrachera -Magaluf, S'Arenal y Sant Antoni d'Eivissa- la prohibición de apertura alcanza a todos los locales, que deben permanecer cerrados por decreto sin distinción de aforos e independientemente de las medidas de seguridad que hubieran adoptado.

La presidenta Francina Armengol justifica estas restricciones al ocio nocturno en Baleares señalando que ahora "no es una prioridad" y que "no es momento de dar pasos en falso", en referencia a las posibilidades de aumentar los contagios. El criterio es comprensible, pero las alternativas que deja la nueva ordenación pueden llegar a ser mucho más peligrosas. Fiestas privadas, sin controles ni medidas de seguridad, pueden convertirse en foco de contagios que lleven a rebrotes de la enfermedad. Lo mismo, con los botellones callejeros, que no se han erradicado.

El sector del ocio ya había cerrado con el Ministerio los protocolos de actuación para el momento de la reapertura. En Baleares, sin embargo, se ha optado por atajar el problema con la aplicación de condiciones draconianas o, directamente, con prohibiciones para abrir. El problema requiere un replanteamiento. Por un lado, las administraciones -tanto ayuntamientos como el propio Govern- deben intervenir con contundencia para impedir la celebración de fiestas ilegales que no ofrecen ninguna seguridad sanitaria; por otro, el ejecutivo autonómico debería hallar una salida para que el sector pueda desarrollar una actividad que satisfaga las necesidades de ocio, a la vez que se asegura la protección de la salud.