59 de los 67 ayuntamientos de Baleares incumplen la Ley de Transparencia

En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano, ha informado este viernes la UAB en una nota.

El Mapa Inforpaticipa revela que en esta segunda oleada de 2022 solo 8 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado (el 12 %. En la primera oleada aprobaron 11 localidades (17 %, frente al 83 % de suspensos).

El modelo de la UAB no valora únicamente la presencia de información, sino que ésta sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actual.

Según la universidad, hay un empeoramiento en cuanto al cumplimiento general, que se debe fundamentalmente a la no actualización de la información entre ambas oleadas.

Los ayuntamientos con aprobado en la segunda oleada son Santa Eulària des Riu, Calvià, Inca, Marratxí, Felanitx, Palma, Ibiza y Mahón.

Algunos aprobados en la primera oleada suspenden en la segunda y se registra una nueva incorporación en el grupo de aprobados: se trata de Felanitx, un municipio que realiza un "extraordinario esfuerzo de mejora", pasando de una nota de 1,9 en la primera oleada a una de 7,7 en la segunda.

De los aprobados, solo uno alcanza el sobresaliente, pero hay una mejora de otros cuatro (Calvià, Inca y Marratxí pasan del bien al notable y Felanitx se suma). Otros tres reducen su nota y se quedan entre 5 y menos de 6 (Palma, Ibiza, Mahón), y otros 4 que en la primera oleada obtuvieron aprobado pasan en la segunda al grupo de suspendidos (Ciutadella, Es Castell, Sant Llorenç de Cardassar y Sant Lluís, tres de los cuales se ubican en Menorca).

Para lograr el "Sello Infoparticipa" los ayuntamientos deben cumplir entre el 75 y el 95 por ciento de indicadores, según el número de habitantes del municipio.

La certificación es anual porque el cumplimiento de la transparencia debe ser continuo.

El modelo de análisis, diseñado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona (LPCCP, UAB), integra 52 indicadores que valoran dos tipos de criterios de validación: que haya información actualizada referida de la gestión y que esté correctamente situada y fácilmente localizable.

La metodología tiene en cuenta dos grandes variables: Transparencia de la Corporación e Información para la Participación, según explica la investigadora responsable del proyecto, la doctora Marta Corcoy.

La UAB realizará un nuevo análisis a principios de 2023.

"Los municipios que incumplen la ley son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público. El artículo 5 de la norma obliga a la publicación periódica y actualizada de información relevante relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública", ha destacado.

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