En una entrevista concedida a mallorcadiario.com, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antoni Monserrat, ha calificado las filtraciones como “una plaga y un cáncer para la Justicia y la Democracia” y ha abogado por que se persiga desde los juzgados porque “afecta a la salvaguarda de los derechos fundamentales”.
Monserrat ha asegurado que el Tribunal Constitucional ha contribuido a ello “dando preferencia a la Libertad de Expresión por encima del Derecho al honor” y ha asegurado que resulta difícil averiguar quienes son los autores de las filtraciones “si bien, claro está, que son los secretarios judiciales los responsables de custodiar la información. En el CGPJ hemos tenido denuncias de casos muy sangrantes”.
También ha explicado que la Justicia es la Cenicienta del sistema y “ningún gobierno se ha dedicado a ella” y ha puesto como ejemplo el hecho de que en la mayoría de administraciones, los programas de gestión se intererlacionan entre ellos, pudiéndose así cruzar datos en cuestión de segundos, “cosa que no sucede en Justícia porque no ha habido interés en realizar una dotación económica a este respecto”.
Una carencia a la que podría sumarse el descontento de los funcionarios ante los recortes anunciados por el Gobierno pero el vocal del CGPJ duda de que en este sentido haya problemas: “Creo que la gente es responsable y que se continuará como siempre: resolviendo las cuestiones necesarias, pero es posible que se baje la actividad en todo aquello no necesario. Los funcionarios ven que no sólo se les baja el sueldo sino que también cuanto más trabajan, más trabajo les sale”.
Preguntado sobre la tendencia progresista del nuevo presidente del Consejo General del Poder Jucial en un momento en el que los populares están en el poder, Monserrat ha querido aclarar que los veinte vocales del CGPJ “no están sometidos a mandato imperativo por Ley. Los miembros propuestos por los partidos políticos no han seguido los dictados de éstos. El CGPJ no funciona por dictados de partidos políticos, pero sí que es un órgano político porque es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Como tal hace política cuando tiene que decidir sobre la organización del poder. Soy consciente que existe el axioma de que el CGPJ está politizado, pero no es así”.
Sobre la presencia de Dívar en Mallorca, Monserrat ha explicado que el mandato de este se caracterizó por la opacidad: “Actuaba de manera aislada sin informarnos de sus actividades. Los viajes los hacía por su cuenta y no nos informaba de ellos. Estaba envuelto en una burbuja de asesores. Era una pieza aparte para nosotros. Por cuestiones de su carácter era imposible tener una conversación normal con él”.
Y explica: “Yo me lo encontré por casualidad una vez en el aeropuerto de Palma, pero por lo que parece, y se ha publicado, vino más veces. También me han llegado rumores de que se vio con Francesc Antich, pero como le digo no nos informó de nada .Una de las causas que han llevado a Dívar a dimitir es la falta de comunicación con los compañeros.”
Durante la entrevista también se ha hecho referencia a los casos más candentes de la actualidad judicial en las islas. Así, preguntado sobre cuales podrían ser las razones por las que los políticos condenados aquí recurren habitualmente al Tribunal Supremo. Monserrat ha explicado que aunque “teoricamente el Supremo es igual de garantista que cualquier otro juzgado o tribunal, Madrid le da más frialdad y ello supone las máximas garantías: al Tribunal Supremo se llega con un recurso extraordinario de casación, que sólo se puede presentar por motivos tasados. Allí la frialdad es máxima, no existe la idea formada que ya tienen los ciudadanos”.
Por contra, un “juez de instrucción se tiene que implicar mucho y dificilmente puede mantener esta frialdad, de hecho, se dividieron en dos órganos diferentes la instrucción y el juicio conscientes de que los instructores están en caliente y ello afecta a la hora de juzgar” y ha añadido: “Es difícil que los jueces se abstraigan de la información publicada, porque ésta crea una idea preliminar. Pero se tiene que juzgar solamente sobre lo actuado y probado, lo contrario es prevaricación”.
En referencia a si la Fiscalía dispone de una situación preferente en un proceso penal, el vocal del CGPJ ha dicho que así es “y es lógico porque defiende los intereses públicos. Pero el juez tiene que escuchar tanto a la Defensa como a la Fiscalía y dictar de acuerdo con lo probado en juicio”.
“No obstante”, ha recordado, “sí que es verdad que fiscales y jueces están todo el día juntos, y es difícil que no influya la amistad. Este es un aspecto que cabe mejorar. Si es necesario, el juez tiene que ser incluso antipático con el fiscal. El juez tiene que dejar de lado esta amistad a la hora de dictar sentencia”.
Preguntado sobre las posibilidades de que el Supremo rebaje la condena a Jaume Matas, Monserrat ha explicado que no podía realizar declaraciones al respecto aunque ve complicado que se “modifiquen cuestiones esenciales como por ejemplo la tipificación, aunque también es cierto que desconozco los argumentos de la defensa. Como ciudadano de a pie que se ha leído la sentencia tengo que decir que me pareció una sentencia potente, trabajada y cohesionada”.
Sobre los argumentos de Maria Antònia Munar, en el sentido de que no se ha respetado su presunción de inocencia al considerar que la sentencia se ha basado en el testimonio de un coimputado -Miguel Angel Nadal- sin existir corroboración externa, ha aclarado que el testimonio de coimputados “siempre ha sido sospechoso, y más si es de personas que sacan un beneficio de ello o que tienen un pacto con Fiscalía. Es doctrina clarísima y consolidada defendida incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos testimonios pueden tener un valor para formar un criterio, pero siempre se tiene que exigir indicios externos”.
Otro de los puntos sobre los que se ha hecho referencia en la entrevista ha sido la no imputación de la Infanta Cristina bajo el argumento de que “conocer no es participar” y a este respecto, Montserrat ha dicho que no puede valorar la decisión de la Audiencia Provincial ya que eso corresponde al Tribunal Supremo ya ha explicado que caber ver como se usa ese argumento en cada caso concreto que pueda darse: “ No es un principio universal. Imagino que la Audiencia se basó en más argumentos además de este”.
En este sentido, Castro reconoció en un auto referido a la no imputación de la Infanta que con una imputación se estaba estigmatizando al afectado y se le ha preguntado al vocal por qué estos argumentos vale con alguien como la Infanta y no se observan en otros casos. Monserrat ha reconocido que es verdad que la “primitiva consideración de la figura de la imputación es de garantía procesal, pero es una interpretación bucólica. Es un concepto que nunca ha quedado claro y que debe modificarse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin duda que provoca una estigmatización a través de los medios de comunicación. Ha habido un abuso general de las imputaciones cuando se debería de ser más cauteloso a la hora de imputar”.