
En su escrito de conclusiones finales el fiscal Juan Carrau se ratifica en todo lo expresado anteriormente en base a “declaraciones de coacusados y de indicios bastantes” como ha afirmado él mismo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Carrau considera probado que Maria Antònia Munar dio dinero a Miguel Nadal para que adquirieran acciones de la productora del socialista Miguel Oliver para así poder acceder a la concesión de licencias de televisión digital para tener una frecuencia controlada por UM. Ante el hecho que los exchóferes de Munar presentaran una certificación de que el coche oficial la noche de día 21 de noviembre de 2004 no salió de la cochera del Consell de Mallorca, el fiscal anticorrupción ha afirmado que a lo mejor la entrega se realizó un día antes y que en la hoja de servicio puede que no fuera indicada alguna salida de cariz particular.
En la declaración de los exchóferes se afirmó que en las hojas de servicio constaban todas las salidas que realizaba el coche oficial, si bien no se hacía constar el motivo. Según Carrau, en estas hojas no constan todos los servicios a pesar de haber sido certificadas por el Jefe de Secretaría de Presidencia del Consell de Mallorca.
Por otra parte, la acusación popular de la asociación Democracia y Justicia, que ha continuado en el juicio a pesar de la petición de las defensas de Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán de que fuera expulsada, ha basado su escrito de conclusiones finales en lo que considera hechos claramente probados durante el juicio y no solamente hechos basados en indicios.
Así pues, Democracia y Justicia considera que no opera reducir la pena a los que han reconocido su culpabilidad: Oliver, Almiñana y Rullán, al considerar que su colaboración no ha sido tal ya que solo confesaron cuando estaba más que probado en fase instructora que se había producido un fraude de subvenciones. Además, la reparación del daño solamente fue en parte. Se devolvieron 120.000 euros cuando la subvención del Consell de Mallorca fue de 240.000 euros.
Democracia y Justicia considera incongruente la solicitud de atenuantes por confesión a Miguel Nadal y a Miguel Sard pero no a Víctor García quien también confesó ser testaferro.