Montoro debe permitir que los municipios dispongan de lo que ahorraron

Los municipios de Balears se han manifestado decepcionados por el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de permitir que dispongan del superávit de 2017, pero no así del resto del remanente acumulado desde 2010 y que ha sido condicionado a que haya Presupuestos Generales este año. Las exigencias de cumplimiento del déficit impuestas por Hacienda a todas las administraciones han llevado a los ayuntamiento del país a no poder disponer de 5.000 millones de euros "ahorrados" durante los últimos años. De toda esta cantidad, 500 millones corresponden a ayuntamientos de las Balears, una cifra muy por encima de la media nacional. Como muestra, sólo el Ayuntamiento de Alcudia tiene 66 millones de euros de superávit de los que no puede disponer porque la regulación de Hacienda se lo impide.

Montoro acepta aprobar esta primavera un decreto ley para que los municipios puedan invertir el remanente de 2017 con el objetivo puesto en las elecciones de 2019. Así se lo pidieron el lunes representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. El ministro estuvo receptivo pero su gesto ha contentado a medias a unos gobernantes que tienen que lidiar muy de cerca con los ciudadanos y que argumentan que casi no tendrán tiempo para aprobar proyectos.

Los ayuntamientos son las administraciones más próximas y quienes mejor conocen las demandas de los vecinos. Sus inversiones suelen revertir en servicios directos: limpieza, seguridad, equipamientos públicos, transportes, mobiliario urbano...Que además hayan cumplido con las reglas de ahorro les hace merecedores, cuando menos, de un gesto de mayor confianza. Todas las administraciones deben cumplir con el objetivo de déficit marcado, pero los municipios tienen a menudo la impresión de que a allos se les imponen exigencias que en otros niveles, como son las comunidadades autónomas, no se aplican.

La balanza debería nivelarse y Hacienda debería permitir que las corporaciones locales puedan disponen de aquello que no gastaron durante años para que el país pudiera presentar ante Europa sus números saneados. Y que sean los gastos superfluos de otras administraciones los que encuentren un freno. No sólo es una cuestión de justicia; también será muy útil para los ciudadanos.