La portavoz del partido en la oposición, Maria Camps, afirma haber detectado que dicha licencia de obra "se había concedido en un plazo extrañamente y atípicamente corto", debido a lo cual, "y con el objetivo de ejercer el trabajo de supervisión de la acción de gobierno", solicitó por escrito la revisión de los expedientes incluidos dentro del punto de Policia urbana del acta de la Junta de Gobierno.
La petición fue denegada mediante un decreto de alcaldía alegando no haberse solicitado en tiempo y forma, algo que, según Camps, "no tiene fundamento de derecho y obstruye nuestros derechos como grupo municipal de la corporación". Es por ese motivo que "Junts per Lo" presentó un recurso de reposición al respecto solicitando que "la alcaldesa autorice a los regidores del grupo municipal Junts per Lo el acceso a los expedientes".
La obra objeto de debate, cuya tramitación se realizó entre los meses de mayo y noviembre de 2016, tiene como promotor a la empresa Pons Sugrañes CB y un presupuesto de cerca de 250.000€.