Los empresarios menorquines critican la postura del Consell Insular respecto al alquiler turístico

Los empresarios han criticado la "nula voluntad política" de dar solución a la situación del alquiler vacacional por parte de la presidenta de la administración insular, Maite Salord, y la consellera de Ordenación Turística, Susana Mora.

"No sólo no existe intención de dar solución al alquiler vacacional sino que se pretende agravar las condiciones de autorización para las estancias turísticas actuales", han lamentado a través de un comunicado.

Viturme ha señalado que la alternativa de dejar al Plan Territorial Insular (PTI) la decisión de las zonas en las que podrán legalizarse las estancias turísticas adoptada por el equipo del gobierno "es una estrategia para paralizar la concesión de autorizaciones durante unos años, lo que supone la demostración de que el Consell no tiene ningún interés en regularizar la oferta existente, manteniendo a muchos propietarios en el limbo jurídico en el que no desean estar".

"La anuencia del Consell con la propuestas del Govern que prohíben el uso turístico en edificaciones de menos de 10 años, obligan a contar con la autorización de los vecinos y exigen la compra de plazas turísticas endurecerán las condiciones para inscribir estancias turísticas que ahora pueden destinarse al uso turístico", han subrayado.

La entidad ha recordado que ya presentó alegaciones al anteproyecto de modificación de la Ley de Turismo encaminadas a facilitar la autorización de nuevas estancias turísticas con el objetivo de que toda la oferta de alojamiento que ahora mismo se ofrece en el mercado se incorpore como nuevos agentes en el ámbito turístico.

"Con una regulación flexible se permitiría también el cumplimiento pleno de las obligaciones fiscales de los nuevos agentes", han indicado.

Viturme ha considerado que las restricciones que impondrá la nueva norma empujarán a aquellos que alquilen viviendas a una opacidad fiscal "que no beneficia a nadie".

"Con la nueva regulación que el Consell avala se pretende engañar a la ciudadanía proponiendo una regulación del alquiler turístico que no se podrá llevar a cabo en la práctica e incluso restringirá las posibilidades actuales de legalización", han concluido.