La justicia ha archivado finalmente el caso en el que se encausaba a la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por el confinamiento de estudiantes en viajes de fin de curso que este verano protagonizaron un 'macrobrote' de Covid en Mallorca.
Font se enfrentaba a una imputación a partir de la denuncia de los padres de algunos de los jóvenes confinados, acusándola de detención ilegal, entre otros delitos. El departamento de Font ordenó en los últimos días de junio guardar cuarentena a los jóvenes de grupos en viajes de fin de curso a Mallorca que habían dado positivo en las pruebas de Covid 19 y también a los que dieron negativo en los test pero habían estado en contacto estrecho con los contagiados. Fueron decenas los confinados en un hotel del Paseo Marítimo de Palma hasta que más de 180 de ellos -que no habían dado positivo en las pruebas- pudieron abandonar el establecimiento amparados por una decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma que anuló el encierro preventivo.
Antes de este confinamiento, casi 400 estudiantes habían regresado de Mallorca a la Península provocando la expansión del virus en casi una decena de comunidades autónomas, en uno de los contagios masivos más numerosos de toda la pandemia en España.
El caso llegó al Supremo, que en octubre ya no admitió la petición de la Fiscalía que consideraba que la decisión adoptada a finales de junio por la Conselleria de Sanidad no estaba suficientemente justificada. Y ahora, el alto tribunal zanja el caso determinando que no hay causa jurídica para seguir con la imputación de la directora general.
La Justicia llega así a una conclusión que coincide con el sentido común que muchos aplicaron desde el inicio de este incidente: el riesgo de extender los contagios después de que centenares de estudiantes participaran en actividades de ocio sin apenas medidas de control era tan alto que el confinamiento parecía más que justificado; con el añadido de que aquellos que no se habían confinaron y volvieron antes a la Península propiciaron un crecimiento exponencial del número de casos en toda España.
El caso debería hacer reflexionar sobre la oportunidad de reconducir este tipo de viajes, que suponen mucho riesgo y poco beneficio, y que en caso de producirse deberían contar con todas las salvaguardas por parte de los organizadores y de las administraciones que han de velar por el cumplimiento de las normas de protección, que afectan a los residentes pero también a quienes nos visitan. De poco sirve cumplir aquí con lo establecido si, luego, un grupo de estudiantes de viaje y descontrolados echa por tierra tantos esfuerzos.
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