UGT desconvoca la huelga de basuras, pero CCOO la mantiene

En un comunicado de prensa, UGT ha considerado que no se puede dejar pasar la oportunidad de "tener, por fin, un convenio colectivo que regule y dignifique la situación de las plantillas, y que esto es posible ahora porque continúa la negociación con la recién creada patronal del sector". La entidad sindical ha explicado que ha presentado a la Felib y a la patronal "un documento que contiene propuestas para intentar que no se frustre la voluntad mayoritaria del sector de ser regulado mediante un convenio colectivo que aumente significativamente las retribuciones y mejore sustancialmente las condiciones de trabajo".

De acuerdo con el sindicato, al principio de acuerdo del convenio se podrán incorporar, de inmediato y sin incidencias, el 80 por ciento de las contratas de basura y limpieza que operan en el archipiélago, mientras que para aquellas que no disponen de revisión salarial se continuaría negociando la manera de aplicarlo.

QUEDAN FUERA EL 20 POR CIENTO DE LAS CONTRATAS

UGT ha señalado que, para este 20 por ciento de las contratas, como es el caso de la Mancomunitat del Raiguer, se constituirá una comisión compuesta por Felib, patronal y sindicatos con el fin de encontrar una solución legal que contemplaría la posibilidad de rescindir las adjudicaciones, y así poder aplicar a corto plazo el convenio. Según la organización sindical, el principio de acuerdo señala que esta comisión realizará en el plazo de dos meses un informe para que cada contrata y ayuntamiento barajen las posibles soluciones con el objetivo de engancharse al convenio autonómico.

No obstante, el sindicato ha asegurado que adoptará "fuertes medidas de presión" si estas empresas y Ayuntamientos no aceptan las propuestas para poder aplicar el convenio colectivo autonómico. En este sentido, ha apuntado que "buena parte del malestar" del sector proviene por la "tardanza" de los Consistorios a la hora de cumplir con sus obligaciones.

"Quienes, a pesar de todo, han optado por fórmulas restrictivas que han precarizado el sector, tendrán que afrontar las consecuencias de sus decisiones", ha advertido la entidad sindical, que ha insistido en que su opción actual es consolidar la negociación, aunque no descarta que, si no hay avances, se retomen las movilizaciones para solucionar el conflicto.

LA FELIB PIDE DIÁLOGO

Por su parte, desde la Felib han realizado un llamamiento al diálogo ante la convocatoria de huelga. El presidente de este organismo, Antoni Salas, ha llamado a la desconvocatoria del paro por parte del sindicato CCOO para volver a la Mesa de Diálogo con la patronal, en la que los ayuntamientos son mediadores. "Nuestra ciudadanía no se merece una huelga como ésta", ha indicado el también alcalde de Costitx.

Salas ha destacado que "se ha llevado a cabo mucho trabajo" para aprobar un convenio autonómico que mejore las condiciones de los empleados, y ha remarcado que este acuerdo "está prácticamente cerrado" y podría ser una realidad "en unas semanas, o en dos meses como máximo".

El político municipal ha subrayado que se está ante "una oportunidad histórica", después de que la Felib haya apoyado la creación de una patronal y "se cuente con un convenio adaptado a la insularidad". En su opinión, se ha trabajado en la línea de "mejorar las condiciones del personal para que se puedan trabajar bajo las consignas de la igualdad y la dignidad salarial".

UNIDAD ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TODOS LOS COLORES POLÍTICOS

Precisamente, en un encuentro de alcaldes y regidores que ha tenido lugar este jueves, la primera edil de Campos, Xisca Porquer (PP), ha agradecido la labor de unos trabajadores, los de limpieza y recogida de residuos, que ha calificado de "esenciales, como se demostró durante el confinamiento". Así, ha indicado que "esto nos afecta a todos, y no entiende de colores políticos".

Por su parte, el alcalde de Manacor y vicepresidente de la Felib, Miquel Oliver (Més per Mallorca), ha recordado que el convenio es "la única opción que tenemos para revisar las previsiones de pago a las empresas adjudicatarias", y ha insistido en que el único interés de los ayuntamientos es que "se llegue a un acuerdo lo antes posible".

Igualmente, la alcaldesa de Son Servera, Natalia Troya (PSIB), ha incidido en el hecho de que los municipios han intentado que "no se llegara a este punto sin ser parte del conflicto". Troya ha insistido en que los gobiernos municipales "han negociado hasta donde se ha podido", además de recordar que los ayuntamientos tratan de resolver un problema que afecta directamente a la ciudadanía.