Tiene razón Vicens Marí, presidente del Consell de Ibiza, en reclamar un trato electoral más justo para con los residentes de la Isla Blanca. Su petición se limita exclusivamente a reclamar más diputados, de acuerdo con el incremento demográfico ocurrido desde que se promulgó la actual ley correspondiente. Ahora el peso electoral de Ibiza es menor que el de Menorca, aunque tiene mucha más población. Como era de esperar, la reforma que pretende Marí se entiende exclusivamente en clave territorial.
En cualquier caso, un simple cambio en el número de diputados de una isla con respecto a la otra puede tener consecuencias políticas considerables, pues, entre otras cosas, la sociedad menorquina tiene una tradición mucho más estatista que la ibicenca, más vinculada al mundo empresarial. Así, abrir un debate sobre la cuestión electoral suele ser más complicado de lo que parece por sus consecuencias imprevistas.
Pero precisamente por ello, desde hace mucho tiempo, -y aún siendo consciente que no existe un sistema electoral perfecto-, sostengo que el diseño de esta cuestión es el tema de más calado que se puede plantear en cualquier asamblea. Pues la ley electoral es la norma que determina cuáles serán los incentivos que tendrán los diputados en el desempeño de su función, ya sea en la tarea de controlar al ejecutivo, como en la legislativa y en cualquier otra.
Haciendo seguidismo de Cataluña, como solía ser habitual, la actual norma balear está copiada de la nacional. En ella se estipula una democracia netamente partitocrática y territorial, pues esas son las dos únicas realidades que identifican a todo parlamentario. Se es de tal o cual partido y, en nuestro caso, de una de las cuatro islas. No hay nada más. De esta forma, basta saber que un diputado está adscrito a un determinado partido, y que ha sido elegido por una de las circunscripciones isleñas, para saber lo que votará en cada ocasión. La disciplina de partido es férrea, aunque ciertamente adaptable únicamente a la cuestión territorial. Ningún diputado puede votar distinto de lo señalado por el líder de su grupo parlamentario. Y eso qué tal vez pueda pensar e interpretar, en su fuero interno, de manera distinta las preferencias de sus electores. ¡Representa mejor a su líder que a sus votantes!
Otra derivada del actual sistema se da, -aunque resulte totalmente anacrónico y bastante absurdo- cuando para optar a la condición de conseller del Govern tiene igual o más peso el lugar de nacimiento que el currículum. No obstante, ésto es totalmente coherente con la ley electoral. Lo mismo se puede decir del orden de prelación en las listas de candidatos al Congreso de los Diputados.
Por ello es interesante reflexionar en voz alta sobre sí puede haber otros diseños que generen en los representantes públicos una mayor vinculación con sus votantes y, tal vez, como consecuencia una mayor calidad legislativa. Por ejemplo, vivimos una evidente polarización política que algunos líderes achacan a las redes sociales, cuando en realidad son ellos mismos los primeros interesados en fomentarla, y por tanto sus grandes promotores. De hecho en el día a día de los ciudadanos afortunadamente no existe tal polarización.
Sin embargo, desgraciadamente la polarización partitocrática está en el origen de la falta de calidad de muchas de las muchísimas de las normas que nos inundan. Los lobbies también lo tienen mucho más fácil, basta convencer al jefe. Por otro lado, la cuestión territorial puede transformar a algunos diputados en embajadores de su terruño en vez de ser representantes de toda la comunidad, tal como corresponde a su mandato. Esto último puede tener derivadas indeseables que se traduzcan en palpables deslealtades institucionales, socavando el buen funcionamiento de los innumerables organismos públicos.
Por supuesto, los ciudadanos no podemos esperar que el debate sobre está delicada cuestión se produzca, con la profundidad que merece, en el Parlament. Allí se argumenta, lógicamente, en clave partidista y territorial exclusivamente. Por eso deberíamos ser los opinadores de los diferentes medios de comunicación quienes tratáramos el tema.
En esta línea mi propuesta, publicada en distintas ocasiones, consiste en combinar diputados elegidos en distritos uninominales en cada isla, con otros de circunscripción única para el conjunto del archipiélago. Lo primero rebaja el partidismo al reforzar el vínculo del representante con sus representados, mientras que lo segundo disminuiría el peso de la territorialidad.
En cualquier caso, abrir un debate electoral en nuestra comunidad podría suponer también ponerla en el mapa político nacional. Pues no cabe duda que cualquier propuesta propia que se pueda realizar a nivel local tendría consecuencias de un gran calado que trascendiera nuestras costas.