En una rueda de prensa celebrada en el Estudi General Lul·lià, los representantes del Fòrum, la práctica totalidad de ellos vinculados a partidos de izquierdas, actualmente en la oposición, anunciaron que el recurso será presentado este jueves y es el resultado de un trabajo conjunto de los partidos PSIB, MÉS, Podemos y la organización ecologista GOB, con el respaldo de otros colectivos. Serán los diputados nacionales de PSOE, SUMAR MÉS y Podemos quienes formalicen la impugnación ante el Tribunal Constitucional.
El recurso argumenta dos bloques de inconstitucionalidad y se centra especialmente en el proceso de legalización general de inmuebles y usos irregulares. Además, cuestiona la figura del silencio positivo, que, según los recurrentes, favorece la proliferación de estas legalizaciones. También se alerta sobre la posibilidad de que estas legalizaciones acaben destinándose al alquiler turístico.
Miquel Camps, representante del GOB Menorca, ha denunciado que las legalizaciones previstas en la ley de simplificación constituyen "la operación especulativa más grande que se ha hecho en Baleares en los últimos años" y ha advertido del mensaje "terrible" que esto transmite a la ciudadanía.
Por su parte, Jaume Garau, de la Ejecutiva del Fòrum y exdiputado del PSIB, ha criticado la contradicción entre los discursos políticos sobre sostenibilidad y la aplicación de medidas que fomentan la regularización de edificaciones irregulares. "Nos venden la moto con un gran pacto por la sostenibilidad y al mismo tiempo impulsan las legalizaciones. Es una situación maquiavélica", ha señalado, rechazando el "doble mensaje" del Govern presidido por Marga Prohens.
Mercedes Garrido, diputada del PSIB, ha subrayado el rechazo frontal de las entidades y partidos firmantes a las acciones del PP. "Nos tienen enfrente por lo que han hecho y por lo que harán", ha afirmado, mostrando confianza en que el recurso prospere. "Tenemos la razón moral y jurídica", ha concluido.
Desde MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha reivindicado la obligación de los partidos de proteger el archipiélago ante "una de las mayores agresiones desde que se recuperó el autogobierno". Además, ha criticado lo que considera una "perversión de los procesos legislativos" en la aprobación de la norma.
Josep Castells, de MÉS per Menorca, ha denunciado que la ley de simplificación es en realidad "una ley de destrucción del territorio". "Es un gran pelotazo formado por minipelotazos", ha subrayado.
Desde Unidas Podemos, la diputada Cristina Gómez ha apelado a la "gente que cumple y tiene moral", criticando lo que considera una "estafa social y medioambiental".
En clara discrepancia con los anteriores, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha asegurado que "el PP está tranquilo". Sin embargo, se ha mostrado sorprendida de que el PSIB se adhiera a ese recurso de inconstitucionalidad cuando el Gobierno central y la Abogacía del Estado "han avalado todas las medidas" que contiene el texto legislativo, que fue aprobado por el Parlament.
"El PSIB tendrá que explicar por qué Pedro Sánchez y la Abogacía han avalado las medidas y ellos quieren presentar el recurso. Si lo quieren hacer que lo hagan, solo faltaría, nosotros en eso no entramos", ha apuntado.
Durán ha aseverado que los socialistas ya presentaron al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que tomara medidas cautelares para frenar la norma, pero que sus pretensiones fueron desestimadas la pasada semana.
"La ley continúa activa, continúa adelante, y es respetable que los grupos políticos presenten recursos ahí donde consideren", ha zanjado.
Cabe recordar que en junio de 2024 Terraferida denunció que en los 8 años de Govern del Pacte, presidido por Francina Armengol, se construyeron 1.683 viviendas unifamiliares en Mallorca y se concedieron 1.260 licencias, lo que implicó 2.943 chalés sobre 580 hectáreas de suelo rústico.
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