La investigación tiene su origen en una denuncia anónima en la que se comunicaba que un joven era consumidor de material de explotación-abuso sexual infantil (Pornografía Infantil), efectuada por una organización no gubernamental (ONG).
El joven había contactado con ellos entre los años 2021 y 2024 por distintos medios y numeración de teléfonos diferentes.
La Policía recopiló la información y, tras su análisis, se identificó al presunto autor.
Los agentes solicitaron al Juzgado poder efectuar una entrada y registro en el domicilio para poder acreditar la posesión de dicho material.
Se efectuó el registro y se localizaron archivos de vídeo y fotografía, procediendo a la intervención del ordenador portátil.
Se recuperaron más de 20 archivos de vídeo y fotos de menores, ya que el resto no se almacenaban y se borraban al poco tiempo.
Los agentes recuerdan que a día de hoy, es importante destacar que la legislación española no distingue entre diferentes formas de pornografía infantil.
Cualquier representación de un menor en actividades sexuales o contenido sexualmente explícito se considera pornografía infantil, independientemente de si se trata de imágenes reales o cualquier otro tipo de representación.