La propuesta destaca el incremento de la ocupación ilegal en Baleares, afectando tanto a ciudades como a municipios más pequeños, y alerta del peligro que supone para la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana. Además, denuncia la actuación de mafias que aprovechan la situación para obtener beneficios, a menudo con alquileres ilegales de viviendas ocupadas.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno de España a desbloquear la tramitación de la Ley contra la ocupación ilegal de viviendas y a aprobar medidas como:
- La recuperación inmediata de los inmuebles ocupados en un plazo máximo de 24 horas.
- El incremento de las penas para aquellos que ocupen ilegalmente viviendas o faciliten este tipo de actos.
- La anulación de la inscripción en el padrón municipal de cualquier ocupante ilegal.
- La posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar legalmente para defender la convivencia vecinal.
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la importancia de esta resolución en defensa de los derechos de la ciudadanía: "La propiedad privada debe protegerse y no puede quedar en manos de quienes vulneran la ley. La ocupación ilegal genera inseguridad y afecta a muchas familias, por eso exigimos soluciones reales y eficaces para erradicar este problema."
El Ayuntamiento de Santanyí trasladará este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España y a la Presidencia del Congreso de los Diputados para que se adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y el derecho a la vivienda sin fomentar prácticas ilegales.