Aunque la sombra de la corrupción empezó a sobrevolar la autonomía balear a mediados de los años noventa, con el caso Túnel de Sóller, fue sobre todo en la segunda década de este siglo cuando la actuación conjunta de fiscales y jueces desveló múltiples causas que afectaron a centenares de responsables públicos. La apertura de casos judiciales afectó a la práctica totalidad de las formaciones políticas y alcanzó a los más diversos estamentos administrativos, desde el Govern a los ayuntamientos. La mayoría de casos fueron archivados o se resolvieron con acuerdos o multas; otros, sin embargo, pusieron cara y ojos a una época oscura en la que tampoco faltó la intencionalidad política para arremeter contra el adversario.
Uno de estos nombres fue el de Jaume Matas. Cuando se analiza hoy el calvario judicial que vivió el popular Jaume Matas a lo largo de una década, puede parecer que era casi inexorable que así sucediera. Sin embargo, ese calvario quizás no habría existido nunca si en los comicios autonómicos de mayo de 2007 el PP hubiera revalidado la mayoría absoluta con que contaba hasta entonces en el Parlament, una mayoría que había permitido que Matas fuera presidente del Govern entre 2003 y 2007.
Cabe recordar que en las elecciones autonómicas de 2003, los populares habían obtenido en la Cámara regional 30 diputados sobre un total de 59 escaños, pero cuatro años después se quedaron en 29 asientos. En ese contexto, Matas intentó llegar a un acuerdo de gobernabilidad con la entonces líder de UM, Maria Antònia Munar, cuya formación había logrado tres escaños, pero Munar prefirió pactar finalmente con el PSOE y con el Bloc. Gracias a ese pacto tripartito, el socialista Francesc Antich relevó a Matas al frente del Govern en julio de 2007 e inició su segunda experiencia como presidente autonómico, tras la que había vivido ya entre 1999 y 2003.
El nuevo Ejecutivo de Antich inició su andadura en 2007 mirando con lupa la ejecución de las grandes obras e infraestructuras concluidas poco antes, como por ejemplo el metro de la capital balear o el velódromo Palma Arena. Dicho equipamiento deportivo había sido impulsado en 2006 por Matas con el objetivo de que al año siguiente pudiera acoger el Mundial de Ciclismo en Pista. Las instalaciones se inauguraron en marzo de 2007, si bien con diversas deficiencias técnicas y apenas unos pocos días antes de que empezase ese evento, que tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 1 de abril.
Por lo que respecta al presupuesto del velódromo, inicialmente había sido fijado en 47,7 millones de euros. Sin embargo, los gastos financieros y las sucesivas modificaciones del proyecto originario provocaron que ya en mayo de 2007, una semana antes de las elecciones autonómicas de aquel año, el Govern que presidía Matas acordase contar para el Palma Arena con un presupuesto complementario de 35,6 millones de euros.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, en octubre de 2007 el entonces nuevo conseller de Deportes, Mateu Cañellas, de UM, anunció que el Govern realizaría una auditoría para intentar averiguar las razones del sobrecoste del Palma Arena, que ya en aquel momento había casi doblado su presupuesto originario. Aun así, nada hacía prever entonces que este asunto podría acabar algún día en los tribunales. De hecho, la mayor parte de las noticias sobre Matas en aquella época estaban centradas sobre todo en analizar su legado político, tras haber anunciado poco antes él mismo que daba por finalizada su etapa en el ámbito de la actividad pública.
Matas había anunciado el abandono definitivo de la política el 21 de junio de 2007. Acababa así una trayectoria que había empezado a cobrar relevancia en 1993, cuando fue nombrado conseller de Economía por el popular Gabriel Cañellas, quien desde 1983 era el presidente de la Comunidad. Tras las elecciones autonómicas de 1995, Matas continuó como conseller, hasta que una serie de acontecimientos inesperados producidos en los meses siguientes le catapultaron por vez primera a la presidencia del Govern. Matas accedió a dicho cargo en junio de 1996, tras las dimisiones previas de Cañellas y del sustituto de Cañellas, Cristòfol Soler.
Cañellas había dimitido como presidente de Baleares el 13 de julio de 1995, apenas dos meses después de haber obtenido una nueva mayoría absoluta, tras ser obligado a renunciar por el entonces líder del PP, José María Aznar. En aquel momento, Cañellas se encontraba imputado en el denominado caso Túnel de Sóller, en el que se investigaban presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de este corredor y una supuesta financiación ilegal del PP balear. A Cañellas se le atribuían dos delitos, uno de prevaricación y otro de cohecho, de los que sería absuelto por la Justicia años después. En el caso del delito de cohecho, los tribunales determinaron que sí había existido, pero que había prescrito, por lo que Cañellas fue exculpado completamente.
El sustituto de Cañellas al frente del Govern fue Soler, pero apenas permaneció diez meses en el cargo, entre el 1 de agosto de 1995 y el 18 de junio de 1996, ya que también acabó presentando su dimisión. La renuncia de Soler se produjo sólo por razones meramente políticas, tras haber comprobado que no contaba en la Cámara regional con el apoyo de su propio grupo parlamentario. Dicho grupo cuestionaba algunas de las posiciones ideológicas de Soler, en especial su apoyo a una potenciación del uso del catalán y su defensa de una mayor protección del territorio.
Tras la marcha de Soler, la llegada de Matas a la presidencia del Govern permitió ir recomponiendo poco a poco la unidad en el seno del PP balear. Las políticas de Matas entre 1996 y 1999 fueron mayoritariamente de carácter centrista, en sintonía con la esencia originaria de los populares isleños. Algunas de sus iniciativas fueron, además, bienvenidas por los partidos de la oposición, como por ejemplo la aprobación del llamado Decreto de Mínimos, que obligaba a los colegios públicos y concertados de las Islas a impartir en catalán al menos el 50 por cien de las clases, sin que estuviera estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua.
Matas se presentó a la reelección en los comicios autonómicos de 1999, pero el PP perdió la mayoría absoluta lograda en 1995 en Baleares y pasó a la oposición, después de que el PSOE, el PSM, IU, Los Verdes y UM hubieran llegado a un acuerdo para suscribir el primer 'Pacto de Progreso' y hacer presidente por vez primera a Antich. En ese contexto, en 2000 el entonces presidente Aznar "rescató" a Matas del ostracismo y le nombró ministro de Medio Ambiente, cargo que ocupó hasta que se presentó en las elecciones autonómicas de 2003 para intentar presidir de nuevo Baleares, un objetivo que consiguió. En esta segunda y última etapa al frente del Govern, Matas promovió iniciativas tan importantes como la reforma del Estatuto de Autonomía o la aprobación de Ley de Función Pública.
El denominado caso Palma Arena nacería como tal en 2008, gracias sobre todo al trabajo conjunto del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, quienes inicialmente sólo investigaban una presunta malversación de fondos públicos durante la construcción del velódromo. Sin embargo, con el paso del tiempo este caso se fue volviendo cada vez más complejo, por lo que acabó dando lugar a un total de 28 piezas separadas, entre las que se encontraban el caso Nóos o el caso Ópera. Matas fue imputado en las 28 piezas, pero finalmente sólo sería enjuiciado en once de ellas, ya que en las 17 restantes no se acabaron formulando escritos de acusación contra él. De todas las causas que llegaron a juicio, Matas fue condenado en cuatro a penas de prisión.
Cuando Matas fue imputado por vez primera, el 14 de octubre de 2009, se encontraba viviendo y trabajando en Estados Unidos. El juez fijó entonces su declaración para el 23 de marzo de 2010 en Palma. Castro quería que el expresidente hablase, entre otras cuestiones, sobre su gestión durante la construcción del Palma Arena —que tuvo un coste final de unos 110 millones de euros— y también sobre el presunto incremento irregular de su patrimonio personal, que incluía la compra y remodelación de una lujosa vivienda —conocida popularmente como 'el palacete'— en la calle Sant Feliu de la capital balear.
En su primera comparecencia ante el juez, que se prolongó durante varios días, Matas tuvo que responder también sobre otros asuntos, como por ejemplo a la acusación de que habría recibido sobornos por la adjudicación de determinados programas televisivos para el canal autonómico IB3 o a la sospecha del Ministerio Público de que en 2007 se habrían pagado con fondos públicos facturas que corresponderían a servicios particulares del Partido Popular. En todas sus respuestas, Matas defendió que él siempre había actuado conforme a la ley.
Una vez concluida la mencionada comparecencia, Castro dictó un auto en el que impuso a Matas una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país, a la espera de que tuviera lugar el primer juicio por el caso Palma Arena. En aquellas fechas, los medios de comunicación empezaron a incluir a Castro en el grupo de los denominados jueces estrella, un grupo del que formaban parte magistrados como la instructora del caso de los ERE, Mercedes Ayala, o el instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Castro se jubilaría en 2017, año en que fue nombrado 'Hijo Predilecto' de Córdoba —su ciudad de nacimiento— por parte del consistorio cordobés. Un año después, en 2018, sería distinguido por la entonces presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, con el Premio Ramon Llull.
Por lo que respecta a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, las indagaciones de Pedro Horrach y de Joan Carrau no sólo se centraron entonces en el caso Palma Arena, sino también en otros casos de presunta corrrupción que afectaban igualmente a antiguos altos cargos PP o a toda la excúpula de UM, con Munar como principal encausada. Nunca había habido antes ni nunca habría después tantas investigaciones de Anticorrupción centradas en políticos que habían tenido las más altas responsabilidades institucionales en Baleares, una circunstancia que provocó un profunda reflexión en la clase política y en la sociedad civil.
Precisamente, para intentar evitar futuros posibles casos de corrupción en la Administración autonómica, el Govern que presidió Armengol entre 2015 y 2023 aprobaría en mayo de 2016 el denominado Código Ético, cuyo objetivo era fomentar la integridad y la eficiencia en la actuación de los representantes públicos de la Comunidad, con el fin de garantizar una mayor transparencia en la ejecución del gasto público. Tras la aprobación del citado código, el Ejecutivo de Armengol vivió dos situaciones políticas delicadas, que la entonces presidenta resolvió forzando la dimisión de dos de sus consellers.
Así, el 31 de marzo de 2017 la mandataria socialista balear obligó a renunciar a su consellera de Transparencia, Ruth Mateu, de Més per Menorca, tras salir a la luz el denominado caso Contratos, en el que la Fiscalía investigaba si diversos departamentos del Govern gestionados por los socios ecosoberanistas de Armengol habrían adjudicado de forma supuestamente irregular varios contratos menores a una de las empresas del antiguo estratega electoral de Més per Mallorca. Inicialmente, fueron imputados en este caso dicho estratega y cuatro ex altos cargos ecosoberanistas, pero el juez decidió archivar la causa en marzo de 2019.
La segunda dimisión forzada por Armengol fue la de su vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, de Més per Mallorca, que abandonó ambos cargos en diciembre de 2017, tras la controversia generada por un viaje suyo a la República Dominicana. Barceló había pasado cinco días de descanso en la localidad de Punta Cana invitado por un canal televisivo privado de Mallorca con el que colaboraba como tertuliano en uno de sus programas deportivos. El traslado en avión y la estancia en un hotel de la isla caribeña fueron sufragados por la principal empresa patrocinadora del mencionado espacio, lo que contravenía el capítulo 5 del Código Ético del Govern, que señalaba que "se tiene que evitar la aceptación de cualquier obsequio que pueda conducir a la situación real, potencial o aparente de conflicto de interés".
Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, la popular Marga Prohens relevó a Armengol como nueva presidenta del Govern. Por su parte, la líder de los socialistas isleños fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados el 17 de agosto del pasado año. Pese a su alejamiento momentáneo de la política balear, desde el PP han pedido a Armengol que dé explicaciones en relación al denominado caso Puertos, en el que se investigan dos adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, una en el puerto de Mahón y otra en el puerto de Ibiza. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella —nombrado para el cargo por Armengol en 2015—, y tres años de prisión para el exalcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz.
Otro caso de presunta corrupción sobre el que el PP ha puesto el foco es el caso Multimedia, en el que se investigan contratos supuestamente fraudulentos realizados por la empresa pública Multimedia entre 2008 y 2011. Entre los once acusados en esta causa se encuentran varios ex altos cargos del PSOE, incluido el antiguo director general del Govern Antoni Manchado, para quien la Fiscalía reclama 17 años de cárcel. Este caso se dilucidará ya muy pronto en los tribunales, en concreto, el próximo mes de octubre. De este modo, será por fin sustanciado uno de los casos de presunta corrupción más antiguos, sólo ligeramente posterior a los que afectaron a Matas.
Los casos en los que se imputó a Matas se tramitaron relativamente pronto. Así, el expresidente balear se sentó por vez primera en el banquillo de los acusados en enero de 2012, en el marco de la pieza separada número dos del caso Palma Arena, que había investigado supuestos pagos fraudulentos del Govern a un periodista. Tras el juicio, la Audiencia Provincial condenó a Matas a seis años de cárcel, por prevaricación, malversación y tráfico de influencias, si bien el Tribunal Supremo rebajó en julio de 2013 dicha pena a sólo nueve meses y un día de prisión, al entender que sólo hubo tráfico de influencias.
El expresidente balear pidió entonces el indulto al Gobierno, que en aquel momento presidía Mariano Rajoy, pero no le fue concedido, por lo que el 28 de julio de 2014 ingresó en la cárcel, en concreto en el Centro Penitenciario de Segovia. Una vez cumplida esa condena, Matas tuvo que hacer frente a otras causas judiciales, como por ejemplo el caso Nóos, en el que, esencialmente, se intentó dirimir si hubo presuntas irregularidades en los convenios firmados por el Instituto Nóos con el Govern. Por este caso, recibieron elevadas penas de cárcel los dos impulsores del Instituto Nóos —Diego Torres e Iñaki Urdangarin— y Matas, que fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por prevaricación, falsedad y fraude. La infanta Cristina tambien se sentó en el banquillo por el caso Nóos, pero fue absuelta por el tribunal.
El expresidente cumplió su segunda pena de cárcel en el Centro Penitenciario de Aranjuez, en donde entró el 13 de junio de 2018. Con posterioridad, en junio de 2019, fue condenado a siete meses de prisión por el caso Ópera, que trataba sobre la presunta contratación irregular del arquitecto Santiago Calatrava por parte de Matas a principios de 2007, para que elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Palma. Dicho edificio nunca se llegaría a construir.
Finalmente, en noviembre de 2021 el Tribunal Supremo confirmó la cuarta y última pena de cárcel para Matas, que fue condenado a 10 meses de prisión por fraude y tráfico de influencias en el marco del llamado caso Son Espases, que no tenía ninguna relación con el caso Palma Arena. En el caso Son Espases se dilucidaron, en concreto, las presuntas irregularidades cometidas en 2006 a lo largo del proceso de adjudicación de las obras de construcción del Hospital de Son Espases, ubicado en Palma.
Cuando el Alto Tribunal se pronunció sobre esta causa, Matas se encontraba cumpliendo el tercer grado que le había concedido Instituciones Penitenciarias en agosto de 2020, que no sería revocado. De ese modo, acabó el calvario judicial vivido por Matas a lo largo de una década, un calvario que incluyó también condenas que sólo supusieron el pago de una multa o imputaciones que al final fueron archivadas, como la que estaba vinculada a la compra del 'palacete'.
En aquellos años, la condena de cárcel más elevada fue para quien había sido el conseller de Comercio del Ejecutivo balear entre 2003 y 2007, el popular Josep Juan Cardona, que fue condenado a 16 años de prisión por malversación, prevaricación, fraude, falsedad, cohecho y asociación ilícita en el marco del llamado caso Scala, que tampoco tenía ninguna vinculación con el caso Palma Arena. En el caso Scala se investigó el presunto desvío de fondos públicos en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares, que dependía del Govern. Cardona ingresaría en el Centro Penitenciario de Ibiza el 30 de julio de 2013, en donde permaneció hasta noviembre del pasado año, momento en que se le concedió la libertad provisional.
En el caso de los exdirigentes de UM que fueron enjuiciados entonces, el mayor castigo por parte de los tribunales fue para Munar. La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear sería condenada a un total de 14 años de cárcel tras ser declarada culpable de manera sucesiva en tres juicios por corrupción. Munar ingresaría en el Centro Penitenciario de Palma el 24 de julio de 2013. Siete años después, en octubre de 2020, se le concedería el tercer grado.
Más allá de las distintas condenas que tuvieron que afrontar Matas y Munar, ambos sufrieron también una especie de 'muerte civil' por parte de partidos y de políticos que habían pactado con ellos o que les habían apoyado durante décadas, incluso cuando estaban siendo ya investigados. En el caso del expresidente balear, fue retirado el retrato que tenía en el Consolat de Mar, sede del Gobierno autonómico, y además fue eliminado el nombre de Matas de todas las placas conmemorativas. En el caso de la expresidenta del Parlament, se le retiró la Medalla de Honor que le había concedido la propia Cámara balear. En la actualidad, Munar continúa residiendo en Mallorca y Matas reside en la Comunidad de Madrid, llevando ambos unas vidas completamente anónimas.
Al recordar ahora todos aquellos años, resulta también inevitable hacer referencia a determinadas imágenes periodísticas que poco después se acabarían convirtiendo en emblemáticas, como las del registro judicial del 'palacete' de Matas en la Nochebuena de 2009, las de la retirada de la placa callejera de los Duques de Palma en febrero de 2013, las de la declaración de la infanta Cristina en marzo de 2016 o, ya por último, las del cambio del nombre del velódromo Palma Arena, que desde febrero de 2019 pasó a llamarse Velòdrom Illes Balears.
En estos últimos años, varios libros han analizado cómo los casos de corrupción que protagonizaron Matas, Munar y otros importantes cargos políticos de la época no habrían sido posibles sin la connivencia o, al menos, el silencio cómplice de numerosos representantes de la sociedad civil, incluidos relevantes empresarios, constructores y periodistas. Pero parafraseando al gran Moustache en la mítica película Irma la dulce, podríamos decir que esa es ya, seguramente, otra historia.
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