El Departamento de Turismo del Consell de Mallorca levantó un acta de inspección al agroturismo s'Atalaia Blanca, que seguirá su curso, según ha informado el conseller insular Marcial Rodríguez, que no ha especificado cuál es el motivo de esa acta de inspección incoada.
Rodríguez ha negado en declaraciones a los medios realizadas este martes que haya ningún trato de favor hacia la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, propietaria del citado establecimiento turístico. Además, ha subrayado que jamás ha recibido ninguna petición de trato favorable para nadie por parte del presidente del Consell, Llorenç Galmés.
El conseller ha circunscrito la reunión con Monjo de la directora general de Turismo para la oferta y la calidad, Clara del Moral, a los encuentros habituales que mantiene con numerosos empresarios y ha manifestado su plena confianza en ella y en todos los técnicos de su departamento.
Rodríguez ha detallado que el departamento puso en marcha en primavera una campaña de inspecciones en suelo rústico para combatir la oferta ilegal, que ha supuesto la apertura de 11 expedientes sancionadores, entre ellos el de s'Atalaia Blanca.
El conseller ha acusado a la oposición de "cinismo" por cuestionar que el agroturismo esté funcionando esta temporada a pesar de su ilegalidad, cuando el caso se remonta a marzo de 2019, que fue cuando se canceló su actividad por no disponer de la preceptiva declaración de actividad agraria prioritaria.
Ha añadido que la empresa interpuso un procedimiento contencioso-administrativo en contra del cese de actividad, y además pidió la declaración de actividad agraria prioritaria que le fue concedida en mayo de 2022. Entonces la administradora del agroturismo solicitó al Consell la revocación del cese y el área de Turismo pidió un pronunciamiento al respecto al Govern que denegó que se pudiera revocar.
Según el conseller Rodríguez, "durante todo ese tiempo, del 19 al 22, se mira para otro lado, no hay inspecciones y nadie se interesa por el tema", ha criticado sobre lo ocurrido la pasada legislatura. Un tribunal ratificó en marzo de 2023 la cancelación de actividad en sentencia firme, ha recordado Rodríguez.
En marzo de 2023, la empresa hizo una reserva de plazas, pagando parte de las mismas y acogiéndose a un apartado de la ley que fijó la moratoria de plazas, según el cual la suspensión no afectaba a establecimientos de turismo rural que hubieran iniciado la tramitación de declaración de interés general de la actividad.
Según su relato cronológico, cuando el PP ganó las elecciones y fue nombrado conseller de Turismo, en las transferencias no recibió ninguna información "sobre ninguna irregularidad" y se encontró con "5.000 declaraciones responsables de inicio de actividad pendientes de revisar por la administración, entre los cuales debería estar todo esto".
Ha explicado que el pasado marzo, "los administradores" del agroturismo sa Talaia Blanca se reunieron "con los técnicos de la casa y con la directora insular, al igual que hicieron 5 o 6 veces la legislatura pasada".
En junio de 2024, los propietarios presentaron la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT), que ha dicho que sigue "el procedimiento habitual", se le pide subsanación y no se le inscribe en el registro y tiene 15 días para presentar alegaciones que se deben estudiar.
Rodríguez ha resumido que el agroturismo tiene tres expedientes abiertos en el Consell en la actualidad: el de la compra de plazas en 2023, el de la DRIAT de junio de este año y el expediente sancionador iniciado el pasado 9 de julio.
"Si en algún momento alguien ha dado trato de favor, no ha sido en el departamento que yo dirijo, que ha sido el único que ha hecho una inspección a ilegales en rústico", ha criticado Rodríguez.