Según el escrito de acusación, entre los años 2014 y hasta abril de 2019 la mujer ejerció como administradora de la comunidad, siendo responsable, entre otras funciones, de las cuentas donde se ingresaban las cuotas de los propietarios y de la realización de pagos a los distintos proveedores por obras o servicios prestados.
En el periodo al que hace referencia Fiscalía, la mujer, supuestamente, realizó varias disposiciones patrimoniales de las cuentas de la comunidad a cuentas de su titularidad o que estaban gestionadas por ella.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de aprobación indebida y pide para la procesada tres años de cárcel y una multa que asciende a 4.860 euros.
Además, interesa que indemnice en la cantidad de 60.181 euros a la comunidad de propietarios.