El hombre está acusado de un delito contra la Seguridad Social por las cuotas no ingresadas entre los años 2014 y 2018 y de dos delitos de falsedad documental ya que, según el escrito de acusación, hizo creer a otras empresas que estaba al corriente de los pagos.
Según se recoge en el escrito de acusación, el hombre era administrador único y socio de un grupo empresarial que desde el año 2015 siguió ejerciendo su actividad a sabiendas de las deudas que tenía con la Seguridad Social.
Las sociedades no cumplían la obligación de presentar documentos de cotización o la información relativa generando en consecuencia una deuda con la Tesorería cercana a los 300.000 euros.