El Consell de Govern, reunido este lunes en sesión extraordinaria, ha aprobado un Decreto Ley que implementa medidas urgentes en el ámbito de la vivienda en las Islas Baleares. El objetivo principal es aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles en los municipios de la región sin ocupar más territorio y sin coste para la Administración.
Estas medidas buscan facilitar el acceso a la vivienda para las clases medias, trabajadores y jóvenes a través de una nueva categoría llamada "vivienda de precio limitado" (HPL). El Decreto incluye diversas acciones para promover la creación de estas viviendas a un precio regulado por parte de la Administración, en contraposición a precios de mercado libre.
La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, subrayó que el Decreto tiene como objetivo abordar las necesidades de vivienda de diversos sectores de la población en las Islas Baleares, sin utilizar más terreno y sin costes adicionales para las finanzas públicas, ya que se involucra al sector privado bajo regulaciones públicas. Además, se incluyen medidas para combatir el alquiler turístico ilegal y recuperar viviendas para el mercado residencial.
Las medidas incluidas en la norma aprobada este lunes y que deberá convalidar el Parlament en el plazo de un mes, son las siguientes:
El Decreto también establece un Registro autonómico de viviendas de precio limitado para garantizar la efectividad y el control de estas viviendas. Para ser beneficiario de estas viviendas, se deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, tener residencia permanente en las Islas Baleares y no ser propietario de otra vivienda. Los precios de las HPL se dividen en dos categorías (HPL-1 y HPL-2) y varían según el tipo de actuación y ubicación, pero están regulados para mantener la accesibilidad.
Como ejemplos de precios de compra, en los casos de viviendas de 60 m² y 80 m², las diversas franjas de precios de los HPL, según el municipio y la etiqueta de eficiencia energética de las viviendas, los precios limitados de compra oscilarían entre los 102.000 euros de los tramos de precio más reducidos hasta un máximo de aproximadamente 241.000 euros en el caso de las actuaciones en edificaciones existentes. En los casos de obra nueva, entre unos 121.000 euros y unos 285.000 euros.
En el caso del alquiler, en viviendas de 60 m² y 80 m² útiles, los precios limitados se situarían entre los 385 euros en los tramos más bajos hasta un máximo de unos 905 euros, en el caso de las actuaciones en edificaciones existentes, la mayoría de las previstas en el Decreto Ley. Si se trata de obra nueva, los precios de alquiler de estos dos ejemplos oscilarían entre unos 455 euros y unos 1.070 euros. Estas franjas de precios se establecen en función del municipio y de la etiqueta energética de las viviendas, y los ejemplos proyectan los precios aproximados aplicando la actualización de precios de 2023, que será aprobada próximamente.
El Decreto también incluye un régimen sancionador para infracciones relacionadas con las HPL y establece límites de precios para el suelo. Las actuaciones tienen un carácter temporal para fomentar la inversión y están sujetas a plazos específicos para solicitudes de licencias y ejecución.
Los ayuntamientos pueden limitar parcialmente o dejar sin efecto las medidas en virtud de sus competencias municipales.
Además, se refuerza la lucha contra el alquiler turístico ilegal y se permite la clausura temporal de establecimientos o viviendas de uso turístico que operen de manera irregular.