De este modo se ha pronunciado en la sesión del miércoles del juicio contra los antiguos investigadores, que encara sus últimas sesiones con los informes de las acusaciones y las defensas.
El letrado de uno de los funcionarios que fue detenido y encarcelado se ha adherido a las conclusiones presentadas este martes por el fiscal Tomás Herranz y ha argumentado que las detenciones y prisiones durante la instrucción del caso ORA "tenían el fin predeterminado de investigar, detener y procesar a la cúpula del PP".
El abogado ha definido a su cliente y al resto de funcionarios y empresarios que fueron detenidos y encarcelados como víctimas y, citando a Albert Einstein, ha apuntado que "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Para el letrado, "no ha sido fácil desprenderse de ese sesgo de ser los antiguos acusados".
Para el abogado, la instrucción del caso ORA fue "groseramente prospectiva" y supuso una "instrumentalización del proceso" con el objetivo de "ablandar" a los detenidos.
Sobre las detenciones, ha señalado que no se cumplieron los requisitos legales y que, además, como ya apuntó este martes el fiscal, los investigadores ya tenían toda la documentación. "Hubo arbitrariedad y abuso de poder", ha señalado.
"Para mí se ha cometido un pecado capital, que se llama soberbia. Solo por soberbia se hizo esto. Teníamos un juez con ínfulas de ser un Castro, un fiscal con pretensiones, sólo pretensiones porque no daba más, de ser un Horrach; y unos policías que se creían los intocables. Querían ser las estrellas de Palma y gracias a Dios, esperemos que acaben siendo los estrellados de Palma", ha concluido Rusca.
Antes, el abogado de un funcionario ha definido a su cliente y al resto de trabajadores públicos que fueron detenidos y encarcelados como víctimas y citando a Albert Einstein ha apuntado que "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Para el letrado, "no ha sido fácil desprenderse de ese sesgo de ser los antiguos acusados".
Para este abogado, y en líneas parecidas se han pronunciado otros, la instrucción del caso ORA fue "groseramente prospectiva" y supuso una "instrumentalización del proceso" con el objetivo de "ablandar" a los detenidos para incriminar a terceras personas.
Los abogados de las acusaciones han coincidido igualmente a la hora de calificar las detenciones de funcionarios como arbitrarias y en que no se cumplieron los requisitos legales y que, además, como ya apuntó este martes el fiscal, los investigadores ya tenían toda la documentación. "Hubo arbitrariedad y abuso de poder. Esta instrucción salvaje no puede quedar impune", ha señalado uno de los letrados.
Los letrados, algunos de los cuales acusan de torturas a los investigadores, también han hecho hincapié en que los antiguos instructores iniciaron las pesquisas dando credibilidad a algunos testigos --"del hampa", según uno de los abogados-- que acabaron siendo procesados por falso testimonio.
Por su parte, el abogado de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, Enrique Molina, ha descrito el estigma sufrido por ser considerado "el abogado de la mafia".
Según este letrado, entre 2016 y 2018, los instructores del caso "han arruinado vidas" y ha añadido que estos daños no se han cuantificado "porque se reservan otras acciones". El abogado, ha añadido, "no entiende que haya habido esta quiebra dentro del sistema judicial y dentro del sistema policial".
En otro momento de la sesión, el abogado del ex policía local Antoni Bergas ha criticado el auto de cuestiones previas, al no permitir acusar por hechos conexos a los de su formulación de acusación. "El auto limita la prueba de esta representación puesto que se establece que hay determinadas partes que no vamos a poder utilizar, con una nulidad probatoria", ha apuntado, en relación a algunos chats anulados.
En relación a las filtraciones ha argumentado que "se sea periodista o policía, difundir información de un procedimiento declarado secreto es delictivo" y ha apuntado a que eran los acusados los que, obviamente, tenían toda la información.
Cabe recordar que este martes el fiscal Tomás Herranz mantuvo las peticiones de prisión para el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional, que en total se acercan a los 600 años cárcel.
En su informe, el representante del Ministerio Público aseguró que en el juicio han quedado probadas las irregularidades en la instrucción y afirmó que el juez Manuel Penalva "no ponderó prudentemente ni decidió parcialmente".
Herranz argumentó que los arrestos se produjeron de manera "arbitraria y caprichosa" y de manera consensuada por todos los investigadores que, a su parecer, "tenían la conciencia negra".