La exención del requisito de acreditar determinado conocimiento de catalán para trabajar en la sanidad pública balear, acordado por el Govern en el decreto ley aprobado el pasado 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario, ha levantado agrias críticas por parte de los partidos de la oposición y de entidades sociales próximas a los partidos del Pacte (PSOE, Podemos y Més), como la Obra Cultural Balear (OCB) y el sindicato STEI.
Sin embargo, la exención del requisito del catalán fue introducido en diciembre de 2022 por el Servicio de Salud de les Illes Balears, dependiente de la Conselleria de Salud dirigida por la consellera socialista Patrícia Gómez. En la resolución del director general del Servicio de Salud donde se establecían las bases generales y el baremo de méritos del proceso de estabilización del personal estatutario, se determinaba en el Anexo 3 la excepción de la acreditación del nivel de catalán a nada menos que 628 médicos y 892 enfermeras. En total, 1.520 profesionales a quienes el Govern de Francina Armengol eximió de saber catalán.
Aunque Patrícia Gómez criticó la eliminación del requisito lingüístico aprobado por el Govern de Marga Prohens, argumentando que el idioma "nunca ha sido un problema para la contratación de profesionales", la realidad es que el Govern del Pacte eximió del conocimiento de catalán, inicialmente, a 1.520 profesionales sanitarios; aunque finalmente redujo esa cantidad a 248 plazas deficitarias, algo que en todo momento defendió la propia consellera Gómez. La notable reducción de los eximidos se produjo por las presiones y amenazas de Més per Mallorca, que incluso amagó con dejar el Govern. También la OCB y el sindicato STEI amenazaron con ir a los tribunales, lo que hubiese supuesto la paralización del proceso de estabilización.
Tras las discrepancias surgidas en el seno del Govern, por la oposición de Més per Mallorca a la exención del catalán que había aprobado la Conselleria de Salud, en manos del PSOE, y que apoyó expresamente la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, finalmente fueron únicamente 11 las categorías profesionales eximidas del requisito lingüístico, afectando sólo a 248 plazas, al considerarlas deficitarias. Se trataba de enfermería de salud mental, anatomía patológica, anestesia y reanimación, cirugía general y aparato digestivo, inmunología, medicina física y rehabilitación, medicina preventiva y salud pública, nefrología, radiodiagnóstico, traumatología y cirugía ortopédica, así como pediatría de Atención Primaria.
La OCB calificó la medida de suprimir el requisito del catalán en toda la sanidad pública como una vulneración del “derecho de los ciudadanos catalanoparlantes de Baleares de utilizar la lengua en el ámbito sanitario”.
Además, sostuvo que no es cierto que el catalán sea un obstáculo para conseguir que los médicos y enfermeras vengan a ejercer profesionalmente a Baleares, argumentando que el problema no es el catalán, sino el elevado coste de la vida y el acceso a una vivienda asequible.
En parecidos términos se manifestó el sindicato de docentes STEI, que a través de un comunicado defendió que “con la no exigencia del catalán en la sanidad, los derechos de los catalanohablantes serán devaluados una vez más”.
Los partidos políticos de izquierdas han criticado con dureza la medida aprobada por el Govern y han anunciado su voto en contra cuando el Parlament deba convalidar el decreto ley, lo que debe suceder antes del 28 de septiembre.
Sin embargo, el previsible voto favorable de PP y Vox permite vaticinar que el pleno del Parlament dará su visto bueno a las medidas que contiene el decreto ley del Govern.