Bajo el título ‘Acuerdo conjunto de PP y VOX para el Gobierno de las Islas Baleares’, el documento suscrito este miércoles entre ambas formaciones acuerda dotar a las islas “de un gobierno estable y fuerte”.
Vox se compromete a no presentar enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de presupuestos, durante toda la legislatura, salvo que se incumpla el acuerdo.
Entre las 110 medidas pactadas, destaca la reducción del IRPF en los primeros seis meses de legislatura. También la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos; y la reducción en un 50 por ciento entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Todo ello deberá hacerse en los 100 primeros días de legislatura.
También se suprimirá el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la primera vivienda para menores de 30 años y personas con discapacidad.
Durante la legislatura se comprometen a suprimir el Impuesto de Patrimonio, “todo ello supeditado a la derogación del impuesto estatal de Solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Estado”.
También se acuerda exigir al Gobierno central un nuevo marco de financiación autonómica y la compensación de las desventajas de la insularidad para ciudadanos y empresas mediante el desarrollo efectivo y permanente del REB, así como levantar las limitaciones de la regla de minimis de la UE.
PP y Vox acuerdan impulsar la cuota cero para autónomos en los dos primeros años, bonificando el 100 por 100 de la cuota y bonificando el 50 por ciento en el tercer año.
En materia turística, el acuerdo anuncia la derogación de moratorias y “apartados lesivos” de la normativa turística, así como la creación de un “fondo finalista” para reconversión, modernización, innovación y sostenibilidad de Playa de Palma, s’Arenal de Llucmajor, Sant Antoni de Portmany, Alcudia, playas de Calvià y Llevant, entre otros, a cargo del impuesto sobre estancias turísticas, el factor de insularidad del REB y los fondos Next Generation.
El punto 26 del documento menciona la lucha “contra el intrusismo y la venta ambulante”, especialmente en zonas turísticas, con sanciones a vendedores y consumidores.
El acuerdo contempla medidas para impulsar el patrimonio medioambiental, natural, “y el desarrollo de todas las oportunidades que de su aprovechamiento se deriva para las personas que residen en su entorno”.
También la defensa del “mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica”.
Curiosamente, la medida 41 del pacto menciona la modificación de la Ley que regula las corridas de toros y de protección de los animales en su artículo 12, que impide que los menores de edad accedan a las plazas de toros.
Destaca igualmente la aprobación de una ley balear de Costas “para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ya existentes y necesariamente ligadas al litoral, como restaurantes de playa o chiringuitos, su ordenación urbanística y uso turístico, con la protección y preservación de la costa”. Y también la exigencia al Gobierno de España de “una modificación de la normativa en materia de costas y litoral, con el fin de hacer compatible la actividad humana en la zona costera, con la preservación del medio ambiente y los espacios naturales”. Además, se realizará un plan de conservación y protección de las edificaciones tradicionales existentes en el litoral, como casetes de vorera, escars y mollets.
No faltan medidas relacionadas con el ciclo del agua y se anuncia la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática, aunque se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, según se afirma en el documento de 15 páginas suscrito entre PP y Vox.
El pacto anuncia la realización de auditorías en organismos, empresas y entes públicos, además del compromiso de suprimir aquellos que “supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos”.
Sobre IB3, el punto 52 apuesta por “un modelo que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad de las Islas Baleares en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales, apostando por programas de producción propia elaborados por empresas con arraigo en nuestras islas”.
“Los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización”. Así de tajante se muestra el texto del acuerdo hecho público este miércoles. Además, los firmantes se comprometen “a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”.
Se habla también de modificar “normas que supongan una imposición lingüística”, asumiendo que “existen dos lenguas oficiales”. En este punto se asegura que se garantizará que “el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública”. Igualmente, se suprimirá la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos “como instrumento de la exclusión del castellano” y se creará una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística “para defender la libertad de uso (…) y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”.
Se suspenderá la aplicación de la LOMLOE y se recuperarán las notas numéricas. También se garantizará la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, pública y privada. Y la elaboración de un Plan de Climatización de centros educativos sostenidos con fondos públicos.
En esta materia, el acuerdo contempla la captación y fidelización de profesionales sanitarios, eliminar el requisito de acreditar el conocimiento del catalán y revisar el plus de insularidad para “adaptarlo al coste real de la vida en Baleares”.
No son pocos los puntos relativos a familia y políticas sociales. Destacan una ley integral de protección a la familia que fomente la natalidad con ayudas al nacimiento, adopción y acogida, y medidas de apoyo a la conciliación familiar. También deducciones fiscales en el IRPF por nacimiento de hijos o adopción.
Se menciona en el punto 80, sobre la Ley de la eutanasia, que se asegurará “una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”.
También se menciona la exigencia de derogar la Ley Trans, así como garantizar la asistencia y apoyo frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención.
“Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”, contempla el punto 83. También se cita que se apoyará a las víctimas de violencia intrafamiliar, en especial a las mujeres, niños y ancianos.
El pacto pone el acento en el impulso a las políticas para incrementar la oferta de vivienda con incentivos y facilidades, así como un programa de alquiler seguro, entre otras medidas.
La lucha contra la okupación y la inmigración irregular también contemplan medidas para combatirlas.
El último punto del documento programático establece la exigencia al Gobierno de “una insularidad digna para que los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleare puedan recibir un plus para compensar los gastos derivados de la insularidad”.