Con esta decisión, el ministerio público decide cerrar la investigación iniciada por la denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que pedía la ilegalización de EH Bildu.
La Fiscalía señala que las Juntas Electorales tienen la responsabilidad de verificar la legalidad de las candidaturas presentadas por los partidos políticos que deseen participar en las elecciones.
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