El antiguo cuartel de Son Busquets en Palma corre un serio riesgo de convertirse en un nuevo foco de okupas, marginalidad y delincuencia, una vez que la vigilancia privada que ha controlado el lugar deje de actuar tras el traspaso de los terrenos desde el Ministerio de Defensa a la sociedad estatal SEPES. Los vecinos de la zona se muestran muy preocupados por lo que pueda pasar en estos terrenos a la espera de que se inicien los trabajos para levantar en ellos 830 nuevas viviendas públicas, una operación que todavía puede tardar años en empezar a ejecutarse.
De hecho, aún no está aprobado el Plan Especial de Reforma que afecta a los 110.000 metros cuadrados del solar, y las incertidumbres crecen, especialmente, entre los vecinos de la zona aneja de Campo Redó, muy castigada ya por el desamparo de las administraciones y la carencia de servicios.
De momento, el traspaso del solar ha significado el fin del servicio de vigilancia que controlaba la antigua instalación militar, tarea que, ahora, pasa a ser una responsabilidad del SEPES. Tras adelantar mallorcadiario.com este lunes la nueva situación que afecta al recinto y a los edificios sin uso, la sociedad estatal informó a este digital de los trámites para proceder a una nueva contratación del servicio. El problema es que el nuevo concurso -como no puede ser de otra forma- se va a ver condicionado por los plazos administrativos y los eventuales recursos y dilaciones.
Así las cosas, el proceso para finalizar la contratación de nuevos vigilantes podría prolongarse, en el mejor de los casos, hasta el próximo mes de julio, o hasta septiembre si hay retrasos -agosto no es hábil-. De cualquiera de las dos formas, es demasiado tiempo y las ocasiones que se plantean para que un lugar así, sin vigilancia, se convierta en un nuevo reducto de marginalidad son muchas.
La zona de Camp Redó ya se encuentra demasiado castigada como para añadir en su entorno un nuevo foco de problemas. Los vecinos anuncian concentraciones los próximos días, pero las administraciones y todos los agentes oficiales afectados deberían adelantarse y arbitrar soluciones, los antes posible. Antes de que los okupas y la delincuencia tomen el lugar.
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