¿Qué está ocurriendo exactamente con las deficiencias detectadas en el servicio de notificación de multas del Ayuntamiento de Palma?
La casuística es diversa, pero el patrón habitual es que, un día determinado, un ciudadano se entera, ya sea a través de una comunicación postal o, a veces, por pura casualidad, o porque consulta su página personal en la Agencia Tributaria, de que el Consistorio le reclama el pago de una multa a raíz del expediente tramitado por una supuesta infracción de tráfico. Ahora bien, esa sanción ya no corresponde a esa vulneración de la normativa sobre seguridad vial, sino que se aplica por el hecho de que el titular del vehículo no ha identificado al conductor que, presuntamente, cometió esa infracción. Hasta aquí todo parece normal, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que la notificación de esa sanción por no identificación del conductor se produce, en el caso de centenares de propietarios de automóviles de Palma, sin que haya existido previamente una comunicación anterior dando cuenta de que se había cometido una infracción y de que el titular tenía la obligación de aportar a la Administración municipal los datos sobre el conductor, sea él mismo u otra persona.
En otras palabras, ¿se multa a estas personas por algo que no se les ha notificado?
O, por así decirlo, se les sanciona por no haber hecho algo que nadie antes les había pedido que hicieran, ya que la notificación de Cort nunca les llegó, ni a su domicilio ni a ninguna otra parte. La consecuencia directa de todo este despropósito es que la cuantía de la sanción se eleva hasta dimensiones prohibitivas. Le pondré un ejemplo. Supongamos que alguien, al volante de un determinado vehículo, sobrepasa el límite de velocidad en una zona concreta de Palma. De hecho, este es el tipo de infracción más común en los expedientes que afectan a los socios de la plataforma de afectados que hemos creado para defender nuestros derechos como ciudadanos. Pues bien, si la carta notificando esa infracción hubiera llegado a la dirección correcta, en tiempo y forma, la cuantía de la multa hubiera sido, por lo general, de 100 euros, que, acogiéndose a la modalidad de pago anticipado, se hubiera quedado en 50. En cambio, dado que esa comunicación jamás llegó, ahora el Ayuntamiento informa al titular del vehículo de que ha de abonar 300 euros, sin posibilidad de pronto pago y reducción, no por la infracción de haber superado el límite de velocidad, como le decía, sino porque no ha identificado al conductor.
"Al ciudadano se le multa por no haber hecho algo, concretamente identificar al conductor que cometió la infracción, que nadie antes le había pedido que hiciera"
Y estas situaciones, ¿se vienen repitiendo constantemente?
En efecto, así es. Y continúan produciéndose pese a nuestros esfuerzos por alertar a la Administración municipal. Calculamos que el número de afectados podría oscilar entre las 900 y las 1.000 personas. Y la cifra sigue creciendo de forma imparable. Cada día nos llegan mensajes a las redes sociales que ha habilitado la plataforma procedentes de ciudadanos que acaban de enterarse de que son víctimas de una anomalía de la que en ningún momento, a nuestro juicio, se les puede hacer responsables.
¿Cuántas personas se han sumado a esta iniciativa?
Solo en la plataforma, el número de adheridos a nuestro grupo de Telegram ya se acercaba a los 380 hace apenas unos días, mientras que en otro colectivo que se ha constituido para preparar una demanda conjunta contra el Ayuntamiento de Palma, la cifra se situaba en los 565 la última vez que consulté los datos. No obstante, hay que tener presente que no todo el mundo opta por sumarse a esta lucha común y prefiere tratar de resolver su problema de manera individual, bien presentando el correspondiente recurso ante el Ayuntamiento de Palma o, cuando eso es posible, negociando el pago fraccionado de la deuda que se ha generado.
"El número de afectados podría oscilar entre las 900 y las 1.000 personas. Y la cifra sigue creciento cada día, de forma imparable"
¿Y cuándo es eso posible?
He utilizado esta expresión con toda la intención, porque no todos los afectados disponen de esa alternativa, entre otras razones porque la suma del débito alcanza, en algunos casos, varios miles de euros y no les resulta factible diversificar el montante al no acreditar ingresos suficientes o bien porque el banco no les facilita el correspondiente aval. ¿Y cómo han llegado estas personas a este punto? Pues, simplemente, porque se han ido acumulando, una tras otra, multas no notificadas que, con el discurrir del tiempo, han generado más y más deuda. Mientras tanto, ese ciudadano seguía ajeno a este proceso. Es decir, desconocía completamente que el Consistorio le había impuesto una, cinco, diez sanciones, o las que fueran, dado que la Administración municipal o sus intermediarios no se habían puesto en contacto con él para advertirle.
Así, por tanto, ¿a estas personas se les debe haber acumulado una gran deuda económica?
Desde luego, pero no se trata solo de eso, sino también de que, como es bien sabido, la normativa establece que, a la finalización del periodo voluntario para el pago de multas, se inicia la fase ejecutiva, y eso supone que es la Agencia Tributaria la que toma cartas en el asunto y la persona multada puede ver embargado su coche, su nómina o cualquier otro elemento de su patrimonio. Imagínese el drama: un día te enteras de que Hacienda te ha identificado como moroso y que ha decidido aplicarte medidas coercitivas por una sanción circulatoria, o por varias, que tú, como titular de ese vehículo, ni siquiera sabías que existían.
"En algunos casos, la cuantía que reclama la Administración alcanza varios miles de euros, y si no se acreditan ingresos suficientes no resulta factible diversificar el pago"
¿A partir de qué momento empiezan a proliferar estos casos de multas no notificadas?
Esta anomalía tiene un origen muy concreto: 2019. Es decir, el año en que Cort adjudicó el servicio de notificación de multas a CI Postal, una empresa valenciana que optó al concurso y lo ganó. Precisamente, hace escasas fechas, el Ayuntamiento ha dado a conocer que procederá en breve a la convocatoria de una nueva licitación, lo cual da a entender, implícitamente, que no está satisfecho de cómo se ha desarrollado esta prestación a lo largo de los últimos cuatro años. Tanto es así que también acabamos de saber que el equipo de gobierno ha dado por concluida su relación con CI Postal y que, entretanto no se adjudique de nuevo el servicio, será Correos el que asuma esta labor también en Palma de forma provisional. Digo que también en Palma, porque Correos ya lleva a cabo esta función en las notificaciones que se envían fuera del municipio, y lo hace, por cierto, sin ningún tipo de anomalía ni queja.
En cambio, la opinión que a ustedes les merece la calidad del servicio de CI Postal no es precisamente la misma...
Indudablemente. Ya se lo advertimos a los regidores Alberto Jarabo y Francesc Dalmau en el transcurso de la reunión que representantes de la plataforma mantuvimos con estos concejales poco después de que esta bola de nieve empezara a cobrar forma y se publicaran en la prensa imágenes tan surrealistas, a la par que indignantes, como los cientos de notificaciones, no entregadas a sus destinatarios, que habían sido lanzadas directamente a un torrente. Sin embargo, el Ayuntamiento ha seguido trabajando con CI Postal todos estos meses como si nada especialmente grave hubiera sucedido.
Y, según se supone, los titulares de vehículos han seguido sin recibir las notificaciones de sus multas...
Todos los días, en nuestra ciudad, hay personas que se han ido enterando de que deben cientos o miles de euros por la demora en el pago de sanciones que nunca les fueron comunicadas. Al mismo tiempo, con esta intención de buscar un nuevo adjudicatario y de rescindir unilateralmente el contrato con esa empresa, Cort está reconociendo su responsabilidad, porque, sin ir más lejos, promete que se dotará a la nueva licitación de un mayor presupuesto y que se exigirá al concesionario que ponga a disposición de los destinatarios de las comunicaciones servicios tan básicos como la atención al usuario que precise formular algún tipo de reclamación. En otras palabras, está admitiendo que se puso en marcha un concurso con menos recursos económicos y operativos de los mínimamente necesarios.
"Esta anomalía comenzó en 2019, año en que Cort adjudicó el servicio de notificación de multas a la empresa CI Postal. Pese a imágenes tan surrealistas como los cientos de notificaciones que aparecieron en el torrente, el Ayuntamiento ha seguido hasta ahora trabajando con ellos"
¿Qué han podido averiguar, desde la plataforma, en relación a CI Postal?
Es una empresa con una larga historia a sus espaldas. Bueno, con muchas historias, en realidad, y no precisamente con finales felices. Esto que está sucediendo en Palma ha ocurrido antes en otras ciudades donde CI Postal era el adjudicatario del servicio. Por ejemplo, en Gijón. Allí también se tuvo que proceder a la rescisión del contrato. Hay otro dato curioso, y es que este concesionario desarrolla su labor, actualmente, en 18 municipios, casi todos ellos ubicados en la Comunitat Valenciana, y, en esta lista de clientes de CI Postal, Palma es la única ciudad o localidad con más de 20.000 habitantes.
O sea, opera en territorios de dimensiones pequeñas o medias...
Sí, desde luego de magnitudes muy inferiores a las de Palma. A partir de aquí, deberíamos preguntarnos, o debería preguntarse el Ayuntamiento, si CI Postal era la mejor opción para asumir la complejidad logística que supone la distribución de notificaciones de sanciones por infracciones de circulación en una capital como la nuestra, donde ya superamos los 400.000 habitantes.
"El actual adjudicatario desarrolla su labor en 18 municipios, pero Palma es el único que supera los 20.000 habitantes. El Consistorio debería haberse preguntado si era la mejor opción para asumir un trabajo con tanta complejidad logística"
Según apuntaba usted, la plataforma se ha reunido con responsables políticos de Cort. ¿Qué les han comunicado desde el gobierno municipal?
No quieren ver el problema que se ha generado. Se niegan a admitirlo, y con su actitud de avestruz que esconde la cabeza bajo tierra difícilmente van a ayudar a los cientos de vecinos perjudicados que reclaman la implicación, el compromiso y la actuación del Consistorio. Pero vayamos por partes. Como, tal vez, sepan quienes leen esta entrevista, existe un proceso judicial abierto contra trabajadores de CI Postal. Al principio, el número de encausados, a los que se atribuye una conducta dolosa de malas praxis en el ejercicio de su trabajo, eran cinco trabajadores de la empresa. Ahora son dos, según las últimas informaciones de que dispongo. CI Postal se ha personado como acusación particular en esta causa. O sea, para entendernos, se ha personado contra sus propios empleados.
¿También el Ayuntamiento de Palma ha decidido personarse?
Así lo han anunciado sus responsables en los medios de comunicación, pero no me consta que, por el momento, esto haya sido así. En cuanto a la plataforma, acaban de confirmarnos que, pese a nuestra intención de personarnos, no podremos hacerlo. Se nos niega este derecho por razones que no alcanzo a comprender. Dicho esto, ¿de qué se acusa a estos trabajadores? Básicamente, de falsificar firmas de destinatarios de notificaciones que, en realidad, no rubricaron estas comunicaciones de su puño y letra, sino que otros lo hicieron por ellos. Y es a este argumento al que se agarra el Consistorio. Es decir, reconoce que se han producido irregularidades, pero las limita a estos casos puntuales de falsificación de firmas, que, en conjunto, afectarían a menos de una veintena de expedientes. Y de aquí no les sacas.
Desde Cort se ha apuntado también que el interés de la plataforma es que se perdone las multas a estos conductores...
Esto es mentira. Quiero dejarlo muy claro: ninguno de nosotros se niega abonar las sanciones que se nos han impuesto y para las cuales es de suponer que el Ayuntamiento dispone de las pruebas físicas y tangibles que exige la legislación. Nuestra reivindicación es muy diferente: lo que reclamamos es que se retrotraigan los expedientes no notificados, o sin intento de entrega demostrable, y que las personas multadas tengan la posibilidad, más que justa y razonable, de pagar la primera sanción original que no les fue comunicada, cuya cuantía es muy inferior a las que se les impone ahora, sin menoscabo del derecho al pago anticipado y la consiguiente reducción de la cantidad económica.
"Hay que dejar muy clara una cosa: los conductores afectados no estamos pidiendo que se nos perdonen las multas. Lo que solicitamos es que los expedientes se retrotraigan a su inicio para tener la posibilidad de pagar la sanción original, no la que lleva consigo recargos por situaciones de ausencia de notificación de las que no somos responsables"
Si esas notificaciones no se produjeron, ¿qué alega el gobierno municipal para continuar con la tramitación del expediente?
Estoy a punto de pronunciar, por primera vez en esta entrevista, la palabra clave de todo este desaguisado: geolocalización. En efecto, cuando el Ayuntamiento inquiere al adjudicatario, CI Postal, acerca de qué ha ocurrido con la entrega, o el intento de entrega, de estas notificaciones que los destinatarios, en sus alegaciones, manifiestan no haber recibido, la empresa responde que cuenta con la prueba de la geolocalización, que, según ellos, demuestra que uno de sus trabajadores estuvo, en una fecha y una hora determinados, en el área de residencia de la persona a la que iba dirigida la comunicación. Y para el Ayuntamiento de Palma, este argumento ya supone una prueba fehaciente e incontestable de que, en efecto, el destinatario fue notificado en tiempo y forma o de que, como mínimo, se realizó el intento de notificarle.
¿Y si no hay acuse de recibo de la carta, o del intento de entrega?
Pues, por lo visto, al Consistorio eso le da igual. Simplemente, se escuda en que existe prueba de geolocalización y esto va a misa. Sin embargo, a partir del testimonio de no pocos afectados que se han adherido a la plataforma, hemos podido constatar que buena parte de estas supuestas geolocalizaciones son erróneas. Digo erróneas en el sentido de que, en estos casos, el documento de geolocalización entregado por la empresa sitúa al presunto receptor de la misiva a muchos kilómetros del domicilio en el que reside y en el que está empadronado. Y he ahí otro aspecto controvertido de todo este barullo. Cuando hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Palma estas situaciones de equivocaciones flagrantes en la geolocalización, se nos ha contestado, por su parte, que cuentan con pruebas irrefutables en documentos que obran en su poder. Y nosotros nos preguntamos: ¿acaso maneja el Consistorio expedientes secretos de ciudadanos?
¿Ustedes creen que es así?
No lo sabemos, pero, en caso de ser cierto, no haría otra cosa que poner de manifiesto, todavía más, la política oscurantista y absolutamente falta de transparencia que caracteriza a Cort en el ámbito de la gestión de las multas. Quizás mucha gente lo ignore, pero las estadísticas sobre sanciones circulatorias en Palma no se actualizan desde 2014. En otras palabras, los vecinos de esta ciudad no tenemos la posibilidad de saber cuántas multas se han tramitado, cuáles se han cobrado y en qué periodo, qué importes ha ingresado el Ayuntamiento por este concepto. Han transcurrido nueve años desde la actualización más reciente. A partir de aquí, se hizo el silencio.
"Desde 2014, el Ayuntamiento de Palma no facilita ninguna información pública acerca de las estadísticas sobre sanciones circulatorias"
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