Mientras el Govern sigue tratando de encontrar fórmulas para solucionar el problema de la vivienda en Baleares -aunque algunas de las ideas planteadas no tengan encaje en las leyes europeas-, el fenómeno de la okupación sigue avanzando en las islas, contribuyendo a distorsionar aún más el ya tensionado mercado de los alquileres.
Por un lado, este martes los socialistas se sumaban a la iniciativa de Podemos para prohibir la compra de viviendas a no residentes -básicamente, extranjeros-. La idea fue aprobada en el Parlament por la mayoría del Pacte, insistiendo sus precursores en la necesidad de que se halle una fórmula que sea compatible con las legislaciones nacional y europea; o lo que es lo mismo, una raya en el agua que -a 97 días de las elecciones- sólo tiene valor como declaración de intenciones, sin opciones reales de que tal iniciativa pueda ser finalmente aprobada.
Así, mientras los gobernantes debaten el problema en este plano tan teórico como inviable -los mismos gobernantes que en ocho años han sido incapaces de poner en marcha un gran parque de vivienda pública-, la realidad sigue un curso muy diferente. Y es que a la vez que se producía la citada aprobación en el pleno del Parlament, los expertos inmobiliarios alertaban del riesgo al que se asoma el mercado de los alquileres si no se pone fin al fenómeno de los okupas, especialmente el de los llamados "inquiokupas", que son los inquilinos que dejan de pagar el alquiler o que, una vez vencido el contrato, deciden quedarse sin abonar la mensualidad.
El fenómeno no es nuevo, pero es un problema que desde la pandemia ha ido a más. Todo comenzó con el Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para prohibir los desahucios de inquilinos con un perfil de vulnerabilidad. Tras la pandemia llegó la guerra de Ucrania y la inflación desbocada, por lo que el Gobierno decidió trasladar el peso del problema a los propietarios y prorrogó el decreto antidesahucios.
Con esta situación, los dueños de inmuebles que sufren un impago por parte de un inquilino "vulnerable" no pueden poner en marcha un proceso de desahucio exprés y tienen que soportar los gastos de la casa -cuota hipotecaria, luz, agua y demás suministros- hasta el día que caduque el decreto y el juzgado pueda retomar y ejecutar el proceso. El impacto que todo ello tiene en la oferta de alquileres es considerable ya que muchos propietarios prefieren dar un paso atrás retirando sus pisos del mercado, poniéndolos a la venta o, simplemente, dejándolos vacíos.
Como resultado, sólo en Palma la oferta disponible de viviendas en alquiler se desplomó un 30 por ciento durante el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Y si el parque de viviendas destinadas al alquiler se contrae, se disparan los precios, que es lo que está pasando. Esa es la realidad que los políticos prefieren distraer con ocurrencias inviables como la de vetar el mercado a los no residentes, sin afrontar de forma racional y menos populista un problema que afecta a miles de ciudadanos.
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