Mallorca dispondrá de un máximo de 7,5 millones de euros del canon de residuos para el ejercicio 2022-2023, según ha explicado en nota de prensa la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio.
El conseller Miquel Mir y el director general de Residuos y Educación Ambiental, Sebastià Sansó, han sido los encargados de presidir este viernes la constitución de la Comisión insular de residuos de Mallorca.
Por parte del Consell Insular ha asistido la vicepresidenta y consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Aurora Ribot, y en representación de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) ha acudido su presidente, Antoni Salas.
En este sentido, se ha establecido que la previsión máxima de recursos disponibles derivados del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos para los ejercicios de 2022 y 2023 sea de 7,5 millones, que se tienen que dedicar a actuaciones que fomenten la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos (con la fracción orgánica como fracción preferente), así como a campañas de sensibilización.
"La constitución de estas comisiones en todas las islas es un hito más en el logro de los objetivos que marca a la Ley de residuos", ha dicho el conseller, que ha apuntado que "gracias a la premisa de 'quien contamina paga', se avanza en la reducción de residuos".
Por su parte, Ribot ha destacado que "el canon de residuos es una herramienta de fiscalidad verde que dota a la sociedad de recursos para enfrentar el reto de la sostenibilidad". Así, ha esperado que se pueda avanzar con el proyecto 'Tanca el cercle' gracias a los recursos derivados de este canon.
Desde la Conselleria han recordado que el canon de residuos de Baleares es finalista y territorializado, es decir, que lo que se recauda en cada isla se destina a los proyectos propios de acuerdo con los criterios de distribución del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos decididos en las comisiones insulares.
El importe del canon depende del grado de implementación de los sistemas selectivos de recogida de residuos en cada municipio y tiene como objetivo que el importe vaya disminuyendo progresivamente a medida que los municipios incorporen plenamente el pago por generación y los sistemas de recogida selectiva de la fracción orgánica.
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