Tras desplazarse, este lunes, a primera hora de la mañana, hasta las dependencias de la Audiencia Provincial para recoger la orden de ingreso en prisión, el exsecretario general del PP José María Rodríguez ha ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS), dependiente del centro penitenciario de Palma.
Este es, sin embargo, un ingreso provisional, ya que deberá ser la junta de tratamiento penitenciario el órgano que dictamine si el antiguo dirigente del PP tiene o no la posibilidad de cumplir en este recinto su condena de tres años y medio de cárcel por su implicación en el caso Over.
Si la petición de Rodríguez prospera, el que fuera conseller de Interior y, más adelante, delegado del Gobierno, entre otros muchos cargos tendrá la posibilidad de acoger a un régimen penitenciario semi abierto, lo cual le pemitiría abandonar las instalaciones del CIS por las noches y dormir en su casa, además de otros beneficios y ventajas.
El que fuera presidente del PP de Palma ha comparecido en la Audiencia acompañado del abogado Gaspar Oliver. Se da la circunstancia de que el Tribunal retomaba este lunes el macrojuicio del caso Cursach, lo que ha propiciado que la llegada de Rodríguez fuera captada por las cámaras que esperaban fuera.
Cabe recordar que el exconseller ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que argumenta que se habría vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva en el procedimiento de Over Marketing.
Este recurso suponía un último movimiento para evitar la prisión y de hecho solicitaba suspender el ingreso como medida cautelar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional todavía no ha respondido y la admisión a trámite de este recurso no se ha incluido, de momento, en las previsiones de las salas en octubre.
Rodríguez fue condenado por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en el 2003 y 2007. La sentencia de la Audiencia Provincial también le impuso una inhabilitación durante nueve años. Sin embargo, le absolvió del otro delito de prevaricación y fraude por el que estaba acusado.
El ex presidente del Govern Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Daniel Mercado --el dueño de Over Marketing--.
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