El Consell de Mallorca realizará durante los próximos 15 días 200 inspecciones en pisos de Palma que se dediquen al alquiler turístico, una modalidad no permitida en la ciudad que puede estar penada con sanciones de entre 20.001 y 40.000 euros. Tanto el PP como Cs han criticado la intención del Govern de eliminar esta modalidad de alojamientos argumentando que son plazas de "alta calidad turística". La institución insular ha abierto una dirección de correo electrónico para recibir denuncias de vecinos que informen de viviendas que estén realizando alquiler turístico sin estar inscritas en el registro.
Esta planificación de inspecciones contra el alquiler turístico irregular supondrá una cifra récord, ha informado la institución insular este lunes en una nota.
Además, ha recordado que ya levantó 361 actas de inspección relacionadas con alquiler turístico en Mallorca entre los meses de enero y abril de este año.
"Se trata de controles diarios a edificios plurifamiliares, mayoritariamente en Palma, que ahora se intensificarán", ha explicado.
La institución insular ha puesto al servicio de la ciudadanía el correo electrónico inspeccioturisme@conselldemallorca.net para que informe de las viviendas que estén realizando alquiler turístico sin estar inscritas en el registro.
El Consell ha informado de que asumió las competencias en materia de ordenación turística el 1 de enero y que desde entonces "actúa con la máxima contundencia contra las ilegalidades que perjudican los servicios turísticos".
El alquiler turístico sigue levantando la polémica entre los diferentes grupos políticos. El PP ha pedido "salvaguardar" un total de 90.000 plazas de alquiler vacacional porque, ha añadido, "es una oferta de máxima calidad, que permite repartir la riqueza entre muchas personas e impulsa la oferta complementaria".
Según ha informado el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Antoni Costa, "el PP preguntará este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si la reducción de plazas que comporta el modelo de decrecimiento afectará al alquiler vacacional". Puesto que, ha advertido, "este modelo pone en riesgo 90.000 plazas de alquiler vacacional" que el PP ha pedido "salvaguardar" porque "forman parte de una oferta de máxima calidad, permite repartir la riqueza generada entre muchas personas e impulsa la oferta complementaria".
En la misma línea se ha posicionado el grupo parlamentario de Ciudadanos. La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha mostrado su preocupación por “la voluntad del Govern de acabar con la vivienda vacacional tras conocer la existencia de cursos formativos del Ejecutivo en los que se hace pública la desaparición del 75 por ciento de las viviendas turísticas, a medio y largo plazo, que conlleva unas 90.000 plazas de arrendamiento vacacional”.
En este punto, en febrero de este año, la patronal balear del alquiler turístico, Habtur, hizo público un comunicado en el que denunciaba que el Govern había engañado al sector, después de conocer que la nueva ley turística prevé un bloqueo de las plazas. Para Habtur, el nuevo decreto suponía la reducción del sector, contrariamente a lo que habían negociado con el ejecutivo balear.
La asociación tildó este hecho de "despropósito" y de "falta de respeto hacia un sector sobre el cual ya habían hecho recaer todo el peso del decrecimiento".
Desde Habtur se recordó que, "con la modificación aprobada en 2017 las 90.000 plazas que estaban dadas de alta están condenadas a desaparecer con el tiempo". "Ahora, este bloqueo nos hace perder todavía más peso específico", han indicado.
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