Según el escrito del fiscal, los hechos sucedieron de enero a noviembre de 2017, cuando el acusado, como oficial de primera de una mercantil dedicada a la construcción y reparación de inmuebles, aparentando tener capacidad para el cobro de facturas ante los clientes, cobró trabajos realizados por valor de 33.764 euros.
Esta cantidad la hizo suya, no cumpliendo con lo pactado con los clientes y que era la entrega de tal dinero a la mercantil acreedora.
En concreto, consiguió que una empresa le hiciera hasta ocho transferencias de distinto valor y que dos hermanas le hicieran pagos de 1.593 y 7.865 euros como facturas emitidas por la entidad.
El fiscal considera tales hechos constitutivos de un delito continuado de estafa y, alternativamente, en caso de no estimarse esta calificación, de un delito continuado de apropiación indebida, por lo que pide para el acusado dos años y medio de prisión. Además, solicita que indemnice a la entidad en la cantidad de 33.764 euros
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