La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se encuentra en un estado de letargo en su capacidad de decisión, que no de gestión portuaria, esperando que transcurran los menos de dos años que restan hasta las próximas elecciones autonómicas, según consideran fuentes del sector náutico, alarmados por esta situación. A la precipitada salida de Juan Gual de Torrella de la Presidencia de la APB por imputaciones de actividades ilícitas y casi esposado, le sustituyó el ex presidente del Govern Francesc Antich a modo de interinaje y con el caramelo de una suculenta nómina a final de cada mes por pasarse unas horas por el despacho y disfrutar de unas maravillosas vistas sobre la fachada marítima de Palma. A Gual no lo querían en Madrid (aquellos que deciden sobre estas propuestas) para ocupar el cargo (sus abultadas deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo hacían impropio), pero el empeño de su amiga íntima Francina Armengol se impuso. Lo que vino después está siendo objeto de investigación judicial.
Y así las cosas, con la lupa de la Fiscalía sobre la APB, las decisiones tardan en adoptarse o no llegan; los concursos no se convocan, y las ejecuciones de obras se eternizan. A la espera de que los pliegos de condiciones de las nuevas concesiones en Ibiza se den a la luz, los pantalanes del Club Náutico de Ibiza y del de Botafoc se hunden, las instalaciones se deterioran y todo se ralentiza. El concurso para adjudicar el club náutico pitiuso se demora sin justificación aparente, y el de Botafoc tendría que convocarse cuanto antes para poder cumplir con la resolución judicial que ordena que el 29 de julio la actual explotadora de este club náutico, Ocibar, deje de operar. Y en stand bay, y a la espera del dictamen del Consejo de Estado, está la prórroga, o no, de la concesión del Real Club Náutico de Palma. El alto órgano consultivo tiene que dirimir sobre el título que tiene la actual entidad gestora: si es de explotación de servicios o es de concesión. La resolución es importante porque de ella depende que el RCNP pueda optar a una prórroga o, por el contrario, se vea abocada a pelear con otros por una nueva concesión, con la cantidad de inversores españoles y europeos que están interesados en estas instalaciones de recreo y deportivas. Y el 'petit' puerto de El Molinar sigue sin estar operativo, con la construcción de la Capitanía parada y sin que se vislumbre una fecha de inicio de las operaciones y de la explotación del restaurante que generará un buen porcentaje de ingresos para el pequeño puerto de la barriada palmesana. A tanto llega la ralentización de las obras que la propia APB tuvo que estimar la reclamación formulada por ACSA en compensación de los costes generados por retrasos no imputables a la constructora por un importe de 199.200 €. En concreto, por los daños y perjuicios producidos por el retraso de seis meses en la ejecución de la obra. Asimismo, ACSA inició la reclamación al Club Marítimo Molinar de Levante de la cantidad de 124.255€ por gastos imputables al club.
Conseguir un asiento en el Consejo es ser miembro de uno de los sanedrines más importantes y relevantes de Mallorca: ¡son tantos los intereses económicos y personales que revolotean entorno a los puertos del Estado en Baleares que estar presente en esa mesa redonda es una situación prominente. El Consejo lo preside el titular de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Antich Oliver, con un sueldo mensual de 10.000 euros, céntimo arriba, céntimo abajo. La Vicepresidencia la ocupa Santiago Mayol Mundo, y el cargo de director lo ostenta Jorge Nasarre López. Y a partir de aquí, toda una serie de vocales que cobran la nada despreciable cantidad de 927,21€ brutos por asistencia al Consejo, con un máximo de 9.425€ al año. En 2021 se celebraron 13 consejos a los que no asistieron todos los vocales siempre; al estar estípulado un máximo de dietas anuales reducen la asistencia a lo justo o a aquellos plenos en los que se traten asuntos de mucha relevancia. No fue el caso del Consejo de 27 de abril de 2021 en el que sólo se adoptó un acuerdo: separar a Juan Carlos Plaza como director de la APB, y nombrar a Jorge Nasarre López en su lugar. No faltó nadie. Y todos los que tenían derecho a la dieta la cobraron.
Los vocales del Consejo son: el capitán marítimo José F. Escalas Porcel; en representación de la Administración General del Estado, Rafael Rus Cortés; una representante de la Abogacía del Estado, Juliana Uribe Davies; por parte del ente público Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde del Peso; en representación del Govern de les Illes Balears, su vicepresidente y líder de Podemos, Juan Pedro Yllanes Suárez, y Josep Marí Ribas, Rosa Ana Morillo Rodríguez y Antoni Alorda Vilarubias; por parte del Consell de Mallorca, Bàrbara Rebassa Bisbal; por el Consell Insular de Menorca, Héctor Pons Riudavets; por el Consell Insular d'Eivissa, Rafael Ruiz González; por el Consell Insular de Formentera, Ana Juan Torres; al Ayuntamiento de Palma lo representa Neus Truyol Caimari; y a las Cámaras de Comercio de les Illes Balears, Antoni Mercant Morató. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) tiene de vocal a Carmen Planas Palou; y la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM) a Santiago Mayol Mundo, también vicepresidente del Consejo, y el sindicato CCOO envía a cobrar la dieta a Francisco Alejos Fernández. No todos acuden siempre a los consejos, y hay quien se excusa. De hecho, en algunas de las reuniones de los vocales con el presidente y el vicepresidente no está presente ni la asesora jurídica.
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