La reciente sentencia que condena al Govern a pagar 91 millones de euros a la sociedad Birdie Son Vida por impedir la construcción de la urbanización Muleta II, en el Port de Sóller, suma un nuevo episodio de inseguridad jurídica generada por determinadas decisiones de las instituciones. La setencia resuelve, doce años después, el recurso que presentó en 2010 la citada empresa -propiedad de Matthias Kühn- contra la desclasificación de la zona, que pasó a ser suelo rústico no urbanizable después de que el entonces Gobierno de Antich aprobase en 2008 una ley en tal sentido.
Al margen de las intenciones medioambientales y los beneficios que reporta al conjunto de la comunidad la preservación del entorno, la forma jurídica -y política- de hacerlo es determinante ya que, como se ha podido comprobar, un empeño mal gestionado puede resultar sumamente gravoso para las arcas públicas, además de dejar expuestos a los afectados a las decisiones arbitrarias que adopten administraciones que miran a corto plazo.
Particulares y empresas quedan así indefensos ante los cambios de criterio que graciosamente pueden fijar gobiernos e instituciones, como ocurrió con la desclasificación masiva que por ley acordó el segundo gobierno de Antich en 2008 y que ya ha costado media docena de sentencias condenatorias con indemnizaciones que suman varios centenares de euros, que han tenido que abonar los ejecutivos autonómicos que le sucedieron. El problema es que la Justicia -con sus diferentes instancias y recursos- tarda en dar cerrojazo a los asuntos, lo que acrecienta la inseguridad jurídica de los afectados.
El último ha sido un caso de desclasificación de solares, pero la inseguridad jurídica amenaza a empresas y ciudadanos en situaciones muy diferentes, desde fijación de horarios, determinación de tarifas o tasas, instalación de equipamientos obligatorios, rescate de peajes como el del túnel de Soller...; situaciones provocadas por una decisión adoptada en un despacho sin atender el interés de los afectados, a menudo con efectos retroactivos perjudiciales para los administrados y que en muchas ocasiones tienen su resolución transcurridos demasiados años, cuando el daño es irreparable.
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