La pretensión del Ayuntamiento de Palma de impulsar un control efectivo de los precios de alquiler de las viviendas genera el riesgo de fomentar la circulación de dinero negro en el ámbito del mercado inmobiliario. Así lo considera la organización patronal Pimem, y lo hace apelando a un caso concreto: si la cantidad máxima que el propietario puede cobrar a su inquilino es de 900 euros, se darán situaciones, según Pimem, en las que el arrendatario "pagará en B unos 300 ó 400 euros extra" al dueño, mientras que este, a su vez, dejará de abonar los impuestos correspondientes.
La patronal considera que la limitación de los precios de alquiler fomentará que parte del coste de los arrendamientos se cubra con dinero negro, generando una pérdida en las recaudación tributaria de la Administración. Al mismo tiempo, Pimem ha alertado de que una medida de estas características "no está funcionado en ciudades similares a Palma", en las que, en su momento, se han llevado a cabo actuaciones en este sentido.
"Cuando se limita un precio máximo lo que crece es un mercado secundario que facilita el pago y cobro en B, generando un mercado negro de sobrepagos por alquiler donde la parte que percibe el propietario no tributa", ha insistido la organización empresarial, cuyo presidente, Jordi Mora, ha advertido de que si esta iniciativa sale adelante, otra de las consecuencias directas será que "los propietarios pedirán más garantías a sus inquilinos" y, al mismo tiempo, "la tensión en el mercado provocará especulación".
Básicamente, el planteamiento de Pimem es que si ya en estos momentos, en el caso de determinados colectivos de población, resulta complejo acceder a una casa en alquiler a causa de los numerosos requisitos que se ven obligados a satisfacer, la entrada en vigor de una Ley que recorte los ingresos de los arrendatarios pondrá todavía más difíciles las cosas a estos usuarios.
Pimem también vaticina que una legislación de carácter restrictivo en relación a los precios de alquiler surtirá el efecto de que las viviendas más baratas experimenten un incremento de los precios de arrendamiento con la finalidad de ajustar la tarifa al techo impuesto por la normativa. En cuanto a los pisos más costosos, la entidad concluye que, simplemente, dejarán de formar parte de la oferta inmobiliaria y, por tanto, el mercado, en este caso a nivel de Palma, se vería necesariamente reducido.
En un sentido claramente opuesto al que plantea el Ayuntamiento de Palma, y muy específicamente la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, Pimem aboga por otro tipo de medidas para reducir los precios del alquiler de viviendas, entre ellas una actuación "más contundente contra los grandes tenedores que actúan de forma especulativa", o, por otra parte, "ofrecer incentivos fiscales a los propietarios" para que acepten poner sus casas a disposición de los arrendatarios.
En cambio, la insistencia de Cort en impulsar iniciativas mucho más directas podría acarrear, según Pimem, no solo efectos negativos para Palma sino también para los municipios cercanos a la capital balear, donde los precios, a juicio de la organización empresarial, acabarían igualmente "tensionándose".
A todo ello, cabe añadir que, como recuerda la entidad presidida por Jordi Mora, la Ley de la Vivienda de ámbito estatal que haría factible la adopción de esta y otras medidas en el sector inmobiliario "hace con informes jurídicos desfavorables". Esta coyuntura sume la medida en un horizonte de incertidumbre todavía más opaco: ¿qué ocurriría si el Ayuntamiento de Palma limita las tarifas del alquiler de casas, acogiéndose al margen de acción que le brinde la normativa estatal, y, posteriormente, esta misma normativa es derogada en los tribunales? Ese es otro de los interrogantes que Pimem deja en el aire a la hora de cuestionar la restricción de los precios de arrendamiento.
Paralelamente, la asociación que representa a la pequeña y mediana empresa en Mallorca considera necesario no perder de vista que, según facilitados por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Baleares, cerca del 35 por ciento de las operaciones inmobiliarias se llevan a cabo con clientes de nacionalidades distintas a la española, mientras que, al mismo tiempo, la demanda de inmuebles en Palma, y en el conjunto de la isla, se halla en pleno auge, alentados, según recalca Pimem, por proyectos como el plan de reforma y peatonización de Pere Garau. Con una Ley que limite los precios del alquiler, Pimem augura que el arrendamiento de casas dejará de ser una opción factible en esta zona de Palma.
Simultaneamente, la patronal defiende aumentar la inversión en vivienda pública, con la implicación directa del Govern, el cual, a juicio de la entidad, debe "entrar en el mercado, y comprar o rehabilitar tanto solares urbanizables como inmuebles construidos". Además, Pimem propone que, de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, se estudie la posibilidad de introducir el crecimiento de las construcciones en altura en emplazamientos o áreas geográficas determinadas que permitan esta opción.
Los locales comerciales merecen, para la organización empresarial, una dedicación especial y un análisis específico por parte de la administración. Los elevados costes de alquiler de estas superficies provocan, siguiendo la argumentación de la patronal, que "a comerciantes y restauradores les cueste mucho acceder a estos espacios, perjudicando seriamente la inversión local y favoreciendo a las grandes franquicias que vienen de fuera". En Palma, concretamente, Pimem tiene constancia de que se formalizan alquileres de temporada, centrados básicamente en los meses de verano, y que, una vez transcurrido este periodo, el establecimiento se queda vacío.
Entretanto, desde el Ayuntamiento de Palma, la regidora de Model de Ciutat y principal defensora de la medida sobre la limitación de los precios de alquiler de las viviendas, Neus Truyol, ha dirigido una carta a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que le reclama la aplicación efectiva de esta restricciones y que, además, se financie adecuadamente a los municipios y se les proporcionen herramientas para evitar desahucios.
Truyol apunta en su misiva que la vivienda es "un derecho constitucional y universal" y defiende que las administraciones "tienen el deber de garantizar" el acceso a una casa de todos los ciudadanos. Además, la regidora de Cort recuerda a la ministra su etapa por la política municipal, como alcaldesa de la localidad catalana de Gavà, cuando este Ayuntamiento aprobó el Plan Local de Vivienda, que incluía medidas, como el control del precio de los alquileres, la ampliación del parque de viviendas asequibles y los programas de mediación en las operaciones de arrendamiento. Son estas unas actuaciones que desde Cort, según Truyol, "compartimos y reclamamos".
Para la edil, según expone en su carta, el contexto socioeconómico de Palma en materia de vivienda es "muy grave", dado que, en los últimos seis años, "el precio medio del alquiler ha crecido un 50 por ciento, y la mayoría de la población le destina más del 30 por ciento de sus ingresos". Y todo ello a pesar de las acciones que el departamento dirigido por Truyol se atribuye para paliar esta situación, con un aumento del 40 por ciento en ayudas directas municipales a la vivienda.
Neus Truyol elogia también el "trabajo ingente" que, a su juicio, desarrolla la oficina abierta por el Consistorio para prevenir los desahucios, con un una media, siguiendo las estimaciones proporcionadas por la regidora, de dos lanzamientos diarios en la capital balear. Estos datos ponen de manifiesto, para la representante de Cort, que Palma es, hoy por hoy, "un municipio con el mercado de la vivienda tensionado" y que necesita "cambios estructurales y normativos" para hacer frente a esta situación.
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