El Gobierno central ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores, con el fin de paliar el efecto negativo que la subida de la tarifa de la electricidad está causando a la economía de los ciudadanos.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, coincidiendo con un nuevo récord en el precio de la luz en el mercado mayorista para este miércoles, cunado la factura ascenderá a 360 euros el megavatio hora (MWh).
En concreto, se prorrogan hasta el 30 de abril las rebajas del 21 al 10 por ciento del IVA, y del impuesto especial eléctrico, del 5,11 al 0,5 por ciento, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7 por ciento que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.
La cobertura a los colectivos vulnerables que se benefician del bono social eléctrico, que comprende descuentos de hasta el 60 y el 70 por ciento en su consumo de electricidad (habitualmente, esta rebaja oscila entre el 25 y el 40 por ciento), también se mantendrá hasta el 30 de abril de 2022.
El Gobierno también ha aprobado una medida adicional a todas estas rebajas destinada en exclusiva a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos, también hasta el 31 de marzo de 2022.
Estas, junto con el resto de medidas aprobadas en materia energética, generarán un impacto sobre las cuentas públicas de 2.000 millones de euros, según la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
"Se prorrogan las medidas fiscales que ya se ampliaron en el último trimestre, dado que las perspectivas del mercado mayorista no son halagüeñas, anunciando un nuevo récord para este miércoles. Es fundamental mantener la supresión de estas figuras impositivas para que esta coyuntura no acabe reflejándose en las facturas que pagan los consumidores", ha señalado Rodríguez.
Respecto a la rebaja actual del 96 por ciento de los cargos en la factura en el último trimestre, la ministra para la Transición Ecológica ha detallado que pasará a ser del 30 por ciento, pero para toda la anualidad, lo que supondrá en torno a siete euros por factura. No obstante, esta modificación todavía está tramitándose.
En concreto, el texto provisional irá el jueves a la delegación de asuntos económicos, aunque ya ha pasado diversos trámites, como el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo, según Teresa Ribera, es que se mantenga la reducción para todo el año.
El Consejo de Ministros de este martes, también en el marco del mismo decreto ley que prorroga el escudo social para limitar los altos precios de la luz, ha aprobado otras medidas encaminadas a impulsar las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el autoconsumo de energía y las renovables.
Así, la ministra Ribera ha trasladado el compromiso del Gobierno de contar en España con 100.000 puntos de recarga antes de 2023, para lo que hará obligatoria la instalación de esta infraestructura en estaciones de servicio y edificios no residenciales, como los centros comerciales, estos últimos con una proporción de un punto de recarga por cada 40 plazas.
Para asegurar su cumplimiento, el Gobierno ha actualizado el régimen sancionador para los que no instalen esos puntos de recarga. Asimismo, ha habilitado a los ayuntamientos para realizar descuentos en el 50 por ciento del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas, o del 90 por ciento en las tasas por obras para la instalación de puntos de recarga.
Respecto al autoconsumo, que Ribera ha asegurado que se ha multiplicado por 2,5 veces desde la llegada del actual Gobierno, en 2018, se eximirá de presentar avales y garantías a las pequeñas instalaciones, con el objetivo de facilitar el autoconsumo colectivo.
Debido a la avalancha de solicitudes para la instalación de plantas renovables (150 GW, frente al objetivo del Gobierno de 60 GW en 2030), el departamento que dirige Teresa Ribera ha fijado un plazo adicional de nueve meses para las obtenciones de las autorizaciones necesarias. Por ello, todos los promotores que no deseen seguir adelante con sus proyectos tras esta modificación de los plazos intermedios, que aumentarán la espera, podrán renunciar a los correspondientes permisos de acceso y conexión en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías presentadas.
"Este exceso de solicitudes, muchas de ellas inviables económica o ambientalmente, puede impedir la materialización de proyectos viables, debido a la incapacidad de las administraciones para evaluar y tramitar un contingente tan elevado de proyectos, así como a la necesidad de responder adecuadamente a las exigencias económicas y ambientales asociadas al despliegue de renovables y las asociadas a la cohesión social y territorial en lo que afecta a las líneas de evacuación y conexión a red", ha explicado la ministra.
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