Así lo ha detallado en rueda de prensa la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, quien ha explicado que, en los seis años de vida de la Oficina, se han abierto un total de 5.000 expedientes en Palma.
Asimismo, ha recordado que, si bien en los primeros años la mayoría de desahucios estaban relacionados por el impago de hipotecas --especialmente a causa de la crisis de 2008--, en los últimos años se ha cambiado la tendencia y "la mayoría ahora son por cuestiones de impago de alquiler".
"Han cambiado las condiciones de relación entre la persona afectada por el desahucio y el tiempo de vivienda que tiene, ahora las dificultades son para pagar el alquiler", ha añadido.
Con todo, ha advertido que, "después de seis años, hay casos donde las mismas personas que perdieron su casa por no pagar la hipoteca, ahora la pueden perder por no pagar el alquiler, es decir, repercute a los mismos colectivos a los que afectaba hace años".
En este sentido, ha criticado "la injusticia que suponen los precios de la vivienda" y las condiciones que se piden a la hora de firmar un contrato de alquiler, "como pagar cuatro meses por adelantado o pedir contratos laborales estables, lo que es difícil para una gran capa de la población".
Por ello, desde el Ayuntamiento han pedido a las administraciones que actúen para tramitar estos condicionantes, así como que se apruebe, en el Congreso de los Diputados, una Ley de Vivienda "valiente y eficiente para todos los sectores de la población".
Además, la regidora ha reclamado que se declare a Palma como una zona tensionada para, así, limitar los precios, y que se "ponga orden" sobre los protocolos y procedimientos de cara a los desahucios, así como ampliar el parque público de viviendas y que se ofrezcan contratos sociales para colectivos vulnerables, entre otras cuestiones.
"En Palma tenemos una presión inmobiliaria importante de inversiones internacionales, lo que está generando una burbuja y crecimiento de precios", ha insistido la Truyol. Por ello, ha considerado que "la ley debería eliminar incentivos fiscales para la compra de viviendas de lujo y, por otro lado, implantar medidas para limitar la compra de viviendas a personas o entidades no residentes".
Por su parte, el director general de Vivienda, Josep Maria Rigo, ha señalado que, este año, se han cerrado un total de 649 expedientes abiertos, lo que supone volver a las cifras de 2019, cuando se abrieron 686.
Además, de los 5.000 expedientes trabajados desde hace seis años, un total de 449 siguen abiertos, el 80 por ciento de los cuales se abrieron en 2021, la mayoría relacionados con la pérdida de vivienda de personas de alquiler.
Por otro lado, estos expedientes acumulados se concentran mayoritariamente en los distritos de Levante y Norte de Palma. Con más de 200 expedientes abiertos está la zona de Son Gotleu, Pere Garau o Soledad Norte y, con menos de 200, Camp Redó, Nou Llevant o Bons Aires, ha ejemplificado el director general.
En cuanto al perfil de las personas atendidas, la mayoría suelen ser parejas con hijos, familias monoparentales --sobre todo madres--, personas solas o mujeres. Sobre esto último, Cort ha destacado que la mayoría de los titulares de los expedientes que se abren son mujeres (61 por ciento).
Respecto a la franja de edad, en 2020 oscilaba entre los 18 y los 45 años, pero ahora, un 42 por ciento de los expedientes se corresponde con personas de entre 45 y 65 años, con lo que en 2021, esta franja ha aumentado. Por último, la Oficina ha llevado a cabo 393 informes de vulnerabilidad.
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