La Fiscalía sostiene que los tres acusados, a través de una correduría de comercio que llevaba funcionando muchos años, dando así apariencia de seguridad y confianza, concertaron pólizas de seguros con 35 clientes sin liquidarlas a las aseguradoras, incorporando ese dinero a su propio patrimonio. Esto provocó que los clientes se quedaran sin póliza a pesar de haberlas abonado correctamente.
La Fiscalía les imputa un delito continuado de apropiación indebida con una agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial, al considerar que, entre 2012 y 2014 los tres acusados empezaron a concertar seguros sin liquidar las cantidades entregadas por sus clientes a las compañías aseguradoras.
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