Según ha informado la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, en rueda de prensa, la nueva normativa urbanística del municipio es "un plan muy ambicioso y, a la vez, realista, y tiene el reto de impulsar políticas de vivienda asequible para todos los ciudadanos". En este sentido, Truyol ha recordado que, este último año, en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia, la vivienda social se ha encarecido un nueve por ciento.
Ante esta situación, una de las medidas previstas, siguiendo la argumentación de la regidora de Més per Mallorca, es multiplicar por ocho las 1.548 viviendas sociales de las que dispone actualmente la ciudad, hasta el año 2040. En concreto, según ha detallado, se prevé la construcción de 10.737 de estas casas en los próximos 18 años (2022-2040), con una previsión de 9.352 viviendas de protección pública y otros 1.320 alojamientos dotacionales. De este modo, en 2040, Palma dispondría de un total de 12.285 viviendas sociales.
Truyol ha lamentado que, en la actualidad, este tipo de oferta residencial no representa ni siquiera el uno por ciento de la vivienda global de la ciudad. Con arreglo a esto, la regidora confía que, en 2040, la vivienda social en Palma suponga el 5,6 por ciento de este conjunto. A su juicio, se trata de un reto "importante", porque "se ha demostrado que cuanta más vivienda social tenga una ciudad sobre el global de casas existentes, se produce un reequilibrio en los precios y estos tienden a no incrementarse tanto".
La concejala de Model de Ciutat ha destacado que Palma "puede convertirse en la primera ciudad española en conseguir este hito y erigirse en un referente en materia de vivienda". Sin embargo, ha matizado que para lograrlo "la administración pública y la empresa privada han de trabajar de modo conjunto", dado que, según sus palabras, "todos los que intervienen en la cadena de valor deben ser corresponsables".
Por otro lado, y aunque el nuevo Plan General de Palma apuesta por reducir el suelo urbanizable, la regidora ha explicado que se aumenta en un 47 por ciento el suelo urbanizable residencial, lo que supondrá un 82 por ciento más de vivienda. A este respecto, ha señalado que "se reduce el suelo urbanizable porque la voluntad es que Palma sea una ciudad dynamica, y se aumenta el suelo residencial porque interesa que los nuevos urbanizables den respuesta a las necesidades de vivienda asequible y de zonas verdes y equipaciones públicas".
Así, ha añadido, "se desmiente la falsedad de que para que la vivienda sea más barata hace falta más suelo urbanizable, algo que se demostraba ya en Palma, donde había casi 500 hectáreas urbanizables en la ciudad y el precio de la vivienda estaba creciendo".
El Ayuntamiento de Palma también se ha marcado como reto hasta el año 2040 regular la nueva vivienda, con el objetivo de que esta sea más asequible. En esta línea, Neus Truyol ha subrayado que se ha establecido que en los nuevos urbanizables y suelos de transformación deba haber como mínimo un 47 por ciento de viviendas construidas en régimen de protección, a un precio que sea asequible, fijado por la administración pública. Y, además, la mitad de estas viviendas deben estar orientadas al alquiler.
La edil ha recurrido al ejemplo del barrio de Son Güells, donde el nuevo Plan General prevé la construcción de 2.030 viviendas, de las cuales 1.137 deberán ser de protección pública (53 por ciento), y la mitad, en régimen de alquiler (568).
"Esta dinámica se está desarrollando en otros territorios del Estado y se ha demostrado que es totalmente sostenible a nivel económico y social", ha asegurado la regidora, quien se ha mostrado convencida de que, con estas medidas del nuevo Plan General, el equipo de gobierno de Cort "está situando a Palma en el mapa de las políticas activas de vivienda".
Asimismo, Truyol se ha referido a las dinámicas de emancipación de los jóvenes, señalando que "se calcula que en los próximos 20 años harán falta unas 30.000 viviendas para este colectivo" en la capital balear. Además, ha añadido, "deberían sumarse otras 4.000 para los jóvenes que se hubieran emancipado en los últimos años si hubieran podido disponer de una vivienda a precio asequible".
Para hacer frente a esta situación, el nuevo Plan General de Palma marca, siguiendo la argumentación de Truyol, que el patrimonio público municipal se destine de manera íntegra a la vivienda social, y recoge la posibilidad de delimitar zonas de tanteo y retracto, "como se prevé en la ley autonómica de vivienda". Por último, ha defendido la adopción de medidas para dignificar los barrios que acogen a los colectivos vulnerables, con programas de subvención para rehabilitación urbana.
Al mismo tiempo, Truyol se ha referido a la voluntad del Ayuntamiento de fomentar, a través del nuevo Plan General, la combinación de vivienda y actividad económica. Desde su punto de vista, "en Palma existe el problema de que muchos vecinos quieren transformar en viviendas, plantas bajas dedicadas a local comercial, algo que supondría una pérdida de empleos y servicios importante en la ciudad".
Frente a ello, Cort propone dos soluciones. Por un lado, se definen como ejes de actividad económica aquellas calles con más de 20 metros de ancho, donde las plantas bajas deberán destinar un mínimo de un 60 por ciento a local comercial y el otro 40 por ciento a domicilio. Por otro, en las calles con menos de 20 metros de ancho se establece que se pueda solicitar un cambio de usos, que se concederá, pero con la condición de que la vivienda pasará a ser protegida.
Finalmente, la regidora ha señalado que el nuevo Plan General plantea una adaptación de las viviendas a la ley de cambio climático y al plan hidrológico. "Palma debe ser parte de la solución y no del problema", ha afirmado, en referencia a la cuestión medioambiental. Así, el nuevo Plan General recoge mecanismos para que los edificios sean autosuficientes energéticamente, a través, por ejemplo, de la implementación de las cubiertas verdes.
Con todo, Truyol ha realizado un llamamiento al Estado para que "tenga en cuenta que los ayuntamientos requieren de una buena financiación para poder dar un impulso a políticas públicas en materia de vivienda, porque esta debe ser un derecho y no puede tener un coste superior al 30 por ciento de los ingresos familiares".
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