En esta primera sesión, los acusados se han negado a declarar. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando los acusados supuestamente se dedicaron a localizar viviendas desocupadas, desmontar y manipular sus cerraduras y, posteriormente, alquilarlas de manera ilegal.
Al parecer, estas viviendas las arrendaban ilegalmente a personas migrantes, con recursos limitados e incluso menores de edad que, por razones de necesidad, aceptaban el alquiler sin sospechar que las personas que lo ofrecían no eran las propietarias.
Asimismo, el escrito de la Fiscalía apunta a que, cuando los arrendatarios no pagaban o cuestionaban la titularidad de los pisos, los acusados procedían entonces a amenazarles de forma violenta.
Además, en dichos contratos falsos presuntamente incluían el precio del agua y la electricidad, que adquirían irregularmente mediante enganches ilegales.
En los registros llevados a cabo por la policía a los distintos domicilios, se intervinieron varias armas, como katanas, pistolas, cadenas o cuchillos, así como un total de diez vehículos.
Atendiendo al escrito del fiscal, la organización llegó a actuar en 15 viviendas, ubicadas principalmente en la barriada de Son Gotleu, aunque también en la zona de la Soledad, el Polígono de Levante, Cala Mayor y el Arenal de Palma.
Por todos los delitos, la petición de la Fiscalía suma penas de hasta 104 años y medio de prisión para los acusados. Asimismo, menos para uno de ellos, se pide la prohibición de aproximarse al barrio de Son Gotleu durante el plazo de cinco años.
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