Cabe recordar que la directora general ordenó el 25 de julio el aislamiento bajo custodia policial de algo más de 250 estudiantes que se vieron afectados durante sus viajes de estudios en Mallorca por un 'megabrote' de Covid.
De este modo, el juzgado ante el cual varios progenitores presentaron una querella, ha decidido investigar las circunstancias y los motivos que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver.
Tras conocerse la noticia, la Conselleria de Salut i Consum, a la que pertenece Maria Antònia Font en su calidad de directora general de Salut Pública, ha expresado su respeto a las actuaciones judiciales así como su disposición a acatar los requerimientos judiciales que se determinen.
En un comunicado, el departamento que dirige Patricia Gómez ha mantenido en todo caso su "defensa y apoyo" a la actuación de la dirección general de Salut Pública y de todos sus miembros para controlar el 'megabrote' de contagios originado a partir de viajes de estudios.
El Ejecutivo defiende que la actuación fue "proporcionada" y que siempre atendió al criterio fundamental de la defensa y protección de la población. Salut ha recordado que los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de 'habeas corpus' solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena.
Igualmente, para el Ejecutivo autonómico, los comportamientos de riesgo confirmados después por el seguimiento de las autoridades sanitarias y el volumen de casos detectados en los días siguientes prueban que la actuación fue oportuna.
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