Cinco deshaucios al día. Esa es la media de lanzamientos registrados en Baleares a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo de este año, lo que representa un despunte del 38 por ciento respecto al año anterior.
Según fuentes del Poder Judicial, las islas registraron un total de 445 desahucios, de los cuales la gran mayoría (374) son los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, aquellos en los que se expulsa de la vivienda a los moradores por impago del alquiler. En este sentido, la crecida es destacable en comparación con el mismo periodo del año anterior: un 34,5 por ciento.
En menor medida, obedecen a impago de la hipoteca (59) -casi un 60 por ciento más que en 2020- y otros 12 por otras causas, el doble.
Según el informe del Poder Judicial, el grueso de los lanzamientos en las islas se deben a que los inquilinos no hacen frente al pago del alquiler: en total, 374 acciones en los tres primeros meses de 2021, cuatro de media al día.
Detrás de esta realidad, dos factores: uno, el aumento del precio de la vivienda en las islas, que no se ha frenado con la pandemia, y dos, el empobrecimiento de las familias a causa de la crisis del coronavirus.
Centrando el análisis sólo en Palma, el Ayuntamiento ha emitido más informes de vulnerabilidad en los primeros cuatro meses de este año se que en todo el año 2020 y el 2019. La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, adevrtía hace pocos días que "la avalancha de desahucios programados es muy importante y no se detendrá". "De hecho, el aplazamiento de las ejecuciones judiciales no hace más que retrasar pero en ningún caso frenar o evitar", añadía.
Asimismo, el número de familias que han tenido que abandonar su casa por orden judicial al no haber cumplido con el pago de la hipoteca se dispara casi un 60 por ciento en un año.
Un drama que castiga con especial intensidad a los ciudadanos de las islas, sólo por detrás de los de Murcia. Así, los baleares sufren 0,36 lanzamientos por cada mil habitantes tomando como referencia la población total de las islas, incluso por delante de Catalunya (0,31) o Madrid (0,15).
La plataforma Stop Desahucios Mallorca es el principal altavoz de este fenómeno social. Casi cada día, informan de la ejecución de un lanzamiento con menores, ancianos o personas con minusvalía.
El último, el de una familia con cuatro menores en el barrio El Vivero de Palma, que se desarrolló con "una brutalidad nunca vista" y de una forma "completamente ilegal", de acuerdo con la plataforma. La familia tiene una alternativa para mudarse en pocos meses, ya que ha conseguido una vivienda que necesita reformar en un pueblo de Mallorca, y reclamaban posponer la entrega de llaves en julio para que sus hijos no tuvieran que mudarse antes de final de curso. Sin embargo, las autoridades judiciales no aceptaron y el lanzamiento se llevó a cabo.
En cambio, en otros dos desahucios recientes en Son Gotleu, los antidesahucios lograron frenar la salida de dos familias de sus pisos. El primero de los alzamientos estaba previsto en la calle Tomás Rullán y afectaba a una familia con cuatro personas con discapacidad y tres menores. El otro, a dos vecinos de Pico de Mulhacen que también fue cancelado.
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