La investigación se inició a finales de 2019, tras detectar una serie de denuncias con nexos comunes en las que se informaba de la presentación de varias declaraciones de IRPF a nombre de los denunciantes, las cuales dieron lugar a devoluciones indebidas que fueron ingresadas en cuentas bancarias que no les pertenecían y de las que desconocían su titularidad.
Tras solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria, los investigadores pudieron comprobar que en todas ellas se habían cumplimentado las mismas casillas referentes a determinados pagos a cuenta que en realidad no se habían soportado y que por tanto eran falsos. Concretamente, en referencia a cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes (I.R.N.R.) que habían cambiado de residencia y retenciones fiscales sobre los rendimientos del ahorro en forma de intereses pagados al contribuyente en determinados estados miembros de la Unión Europea.
Las devoluciones se habrían hecho efectivas de forma directa de tal forma que se eludió el sistema de filtros de la propia Agencia Tributaria, lo que exigiría poseer unos conocimientos previos en materia fiscal y tributaria, así como los mecanismos internos de control de la propia Agencia.
Esta tarea habría sido realizada por dos dos gestores ayudados por varios captadores, los cuales habrían contactado con compatriotas -residentes en Baleares- para que les facilitaran sus datos personales y así pudiesen presentar en su nombre las declaraciones fraudulentas. Todo, a cambio de dinero o simplemente, por confianza.
La investigación, desarrollada por el grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos en Palma con la colaboración de la Agencia Tributaria, permitió establecer las conexiones entre los integrantes del grupo, principalmente entre los gestores, captadores y titulares de declaraciones, procediendo finalmente a su detención e imputación por un presunto delito contra la hacienda pública, agravado por su elevado importe, más de un millón de euros, y por su comisión como grupo u organización criminal.
La investigación sigue abierta ante la posibilidad de identificar declaraciones presentadas con el mismo modus operandi en otras provincias de la geografía española.
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