La Audiencia da traslado de este asunto a la gerencia del Ministerio de Justicia y plantea dos posibles soluciones: un acuerdo con autoridades autonómicas para que cedan un espacio al Tribunal o realizar obras en el edificio judicial de Sa Gerreria.
Las obras en Sa Gerreria consistirían en demoler tabiques para convertir una zona en un espacio diáfano multiusos con tabiques móviles. El magistrado considera más adecuada esta opción por su coste económico y porque la inversión mejoraría la administración de justicia en Baleares -puesto que esta situación puede repetirse con otros juicios-.
Una vez se haya solventado la cuestión del espacio, la Audiencia procederá a fijar fecha para el juicio y para el sorteo de los candidatos del jurado.
El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, durante las ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, en la etapa de Maria Antònia Munar (2003-2007).
Entre los imputados se encuentran el ex conseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el ex director de este ramo Gonzalo Aguiar, el ex director de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto.
Entre octubre y noviembre de 2020 la Audiencia celebró un macrojuicio por un caso de tráfico de drogas a gran escala -la 'Operación Titanum'-, con cerca de 30 acusados.
Aquel juicio se llevó a cabo con el uso simultáneo de varias salas, al inicio con los abogados sentados en sillas separadas y sin mesa y en una sala diferente a la de sus defendidos, conectados por la señal de vídeo institucional, algo que suscitó quejas entre los letrados.
Sin embargo, aquel juicio se celebraba con un tribunal de tres magistrados de la Audiencia y en el del 'caso Peaje' se complica todavía más la logística al tener que dar cabida a un jurado popular.